El litigio sobre las competencias de los ediles no adscritos Francisco Soler e Ignacio Soler sigue abierto aunque el Tribunal Superior de Justicia se ha vuelto a pronunciar en contra de que los concejales ostenten delegación en el gobierno local. Así lo ha resuelto la sala de lo Contencioso-Administrativo, que ha desestimado el recurso de apelación que presentó el Ayuntamiento de Santa Pola contra el auto de ejecución provisional de la sentencia que se dictó en un recurso contencioso administrativo interpuesto en 2015 por los nueve ediles del PP (entre ellos el exalcalde Miguel Zaragoza, quien ya ha abandonado la política activa) contra el decreto por el que la alcaldesa, Yolanda Seva, delegaba en los dos ediles tránsfugas de Ciudadanos las competencias de varias concejalías.
La sentencia del TSJCV sostiene que, atendiendo al interés público, no se aprecia que esta retirada de competencias provisional afecte al normal desarrollo de la actividad de la corporación o que suponga un perjuicio irreparable ni para los concejales ni para la corporación, como alegaba el Ayuntamiento en el recurso de apelación.
Casación
De todos modos, esta sentencia no es aún firme y contra ella cabe un recurso de casación, para lo cual existe un plazo de treinta días que empezó a contar pasado el 27 de julio cuando se notificó la misma a todas las partes.
El Ayuntamiento de Santa Pola alega en el recurso de apelación que existía en la resolución una falta de motivación y de incongruencia porque se estaban omitiendo la contestación a las alegaciones que había planteado la administración sobre la afectación al normal desarrollo de la actividad de la corporación por dicha decisión y que, por lo tanto, se estaba produciendo lo que considera un «perjuicio irreparable».
En septiembre de 2017 se convocó un pleno extraordinario para dejar sin delegaciones a los dos ediles, así como para retirarle la exclusiva a Francisco Soler en las áreas de Infraestructuras y de Servicios Públicos, aunque el pleno acabó manteniéndole la asignación por la dedicación exclusiva, aunque sin delegaciones para desempeñar su labor como concejal al margen del equipo de gobierno. La alcaldesa ya respondió entonces que la retribución económica se le aminoraría.
