Santa Pola vuelve a abrir el debate sobre la posibilidad de que las terrazas y chiringuitos en vía pública tengan amenización musical. Aunque de entrada la normativa municipal de ocupación de vía pública prohibe cualquier tipo de aparato que emita música en terrazas y quioscos, el gobierno local adelanta que realizarán una auditoría de 3.000 euros para comprobar el nivel de contaminación acústica que tiene la villa marinera en cada uno de sus rincones.
Este estudio está previsto que se acometa después de las fiestas de septiembre y será el primer paso para redactar la futura ordenanza del ruido, inexistente hoy por hoy en Santa Pola. Aunque desde 2016 está en mente del gobierno local tomar estas medidas, se activarán tras la moción aprobada por unanimidad que presentó en el último pleno el edil no adscrito Francisco Soler para modificar la ordenanza de vía pública y crear un plan acústico y mesas de trabajo con sectores como el de la hostelería.
Con la ordenanza del ruido se regulará por áreas el máximo de decibelios que podrán emitirse, dependiendo del mapa de saturación que arroje la citada auditoría. Este estudio actualizará, además, los datos que se tienen, ya que el último informe de estas características se realizó hace dos décadas, según fuentes municipales.
Zona saturada
De antemano, el edil de Vía Pública, Antonio Pomares, se muestra escéptico sobre la ordenanza del ruido porque estima que «un 80% del municipio está determinado como zona acústicamente saturada y podría ser contraproducente porque se limitarían los aforos de las terrazas y el otorgamiento de licencias», señala, teniendo en cuenta que el máximo permitido son 25 mesas y un aforo de cien personas, aunque pueden haber excepciones si el terreno es singular por su tamaño.
Antonio Pomares calcula que los establecimientos con ambientación serían aquellos «alejados de las viviendas entre 300 y 500 metros de distancia como la zona del paseo Adolfo Suárez». Desde la Concejalía de Vía Pública señalan que después de la auditoría se estudiará la posibilidad de modificar las cláusulas de los pliegos de los chiringuitos para que cambie la restricción de cero decibelios, porque a primera vista esa modificación «no sería sustancial del contrato ya que la actividad principal de quienes explotan el servicio no se centra en la ambientación musical», sino que es un recurso más, apuntan desde el Consistorio.
Varios concesionarios de los chiringuitos alegaron contra los pliegos y denuncian esta limitación porque consideran que no tener ambientación musical juega en contra del concepto de chiringuito y «hay clientes que migran a otros municipios costeros donde sí tienen ese plus», sostienen.
