El litigio por la gestión del parking subterráneo junto al Castillo de Santa Pola sigue abierto después de que el Ayuntamiento haya decidido interponer un recurso de apelación contra la sentencia dictada hace unos días por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Elche que falló parcialmente a favor de La Generala, la empresa que construyó y gestiona la infraestructura de tres plantas.
La resolución estima la posibilidad de renuncia unilateral de la concesión, que era por 40 años, aunque no admite la petición de la mercantil para que el gobierno local indemnice a la empresa por las supuestas pérdidas económicas que ésta alega. Al respecto, el fallo dice que «la parte demandante no ha acreditado el desequilibrio económico-financiero». La sentencia se dio a a conocer en el último pleno ordinario a fin de designar al abogado para sustanciar el recurso porque el Ayuntamiento no está de acuerdo con la resolución.
Desde el gobierno local se oponen a la renuncia de la concesión porque creen que no está justificada y, según la alcaldesa, Yolanda Seva, pedirán en este recurso de apelación que la empresa aporte los beneficios que sospecha ha obtenido entre 2017 y 2018, aunque «sigue alegando que tienen pérdidas», dice la regidora.
La resolución explica que la renuncia de concesiones de obra pública es posible si, según el Consell Jurídic Consultiu, existe un estudio de viabilidad económica que demuestre esas pérdidas generalizadas que alega la empresa.
En cualquier caso, el Ayuntamiento no quiere que se marche porque, según la alcaldesa, la empresa debería indemnizar antes a las arcas públicas. La regidora sostienen que está incumpliendo el pliego al no acometer las actuaciones de mantenimiento necesarias en una infraestructura que pasaría a manos municipales.
Es más, los gastos por deficiencias están próximos a los 800.000 euros, según revela un informe técnico que se realizó en 2017 y que alertaba de desperfectos generales a lo largo de las instalaciones, como filtraciones de agua en el subsuelo, fisuras, corrosión, oxidación de las armaduras, impermeabilización insuficiente o un hormigón de resistencia inferior al acordado en su momento, recuerdan desde el ejecutivo local.
Esta situación llevó en su momento a pedir por unanimidad en pleno que la empresa asumiera la responsabilidad y presentara un proyecto para acometer las obras de urgencia, actuaciones que por el momento siguen sin hacerse.
Así las cosas, el Ayuntamiento se opone a la renuncia unilateral del contrato. Ya en enero de 2016 el grupo La Generala presentó en una comisión municipal de Hacienda un informe pericial que se consideró que no estaba bien fundamentado con facturas y otros documentos a los que no dieron por buenos para justificar esas pérdidas económicas.
