A menos de un mes para que finalice el contrato de mantenimiento de los jardines y espacios comunes de Crevillent, sigue en el aire la prórroga del servicio. Ya en el último pleno hace unas semanas los grupos de la oposición votaron en contra de prorrogar el contrato de cuatro años con la empresa Geamur, con la abstención de la edil no adscrita, Lelia Laura Gomis.

Si antes del 1 de agosto, fecha límite, los grupos no apoyan la prórroga, el servicio tendrá que seguir de manera forzosa hasta que se preparen las condiciones del nuevo pliego, con lo cual el Ayuntamiento perdería la potestad de imponer sanciones a la empresa en caso de incumplimiento de sus labores.

Según el alcalde, César Asencio, se tendría que hacer un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar por meses a la empresa, que cobrará con retraso, asegura. Por otro lado, según Asencio, en agosto empezará a redactarse el nuevo pliego para que a partir de septiembre pueda debatirse y que, así, pueda entrar en los próximos presupuestos. Lo cierto es que desde hace más de un año el contrato de jardines y la gestión de la empresa está en entredicho, desde que en julio de 2017 se convocara la primera comisión para investigar presuntas irregularidades e incumplimientos del pliego de condiciones.

Este contexto ha desembocado en que el Ayuntamiento haya presentado facturas y albaranes desde el inicio de la actividad para esclarecer a qué se ha destinado el dinero que se sale fuera del contrato, que según los cálculos de Ciudadanos supera los 80.000 euros de sobrecostes.

Precisamente esta semana se ha convocado una nueva comisión en la que se han presentado algunas facturas y 100 partes más de policía que justifican la reposición de material por actos vandálicos. En este sentido, la empresa solo está obligada a cubrir con 1.000 euros la reparación de material por estas circunstancias, mientras que el resto tiene que asumirlo el Consistorio.

El tema del personal también salió a la palestra en la reunión, ya que Cs denuncia que según los partes de trabajo, han observado que la mayoria de días solo acuden a trabajar entre seis y ocho empleados de los once de la plantilla.

Sin embargo, desde el gobierno local apuntan que la mercantil ha presentado todas las altas de la seguridad social de los empleados y que los técnicos no han notado deficiencias en el ritmo de trabajo, aunque las ausencias las justifican con vacaciones y las bajas.

Previsiblemente, en septiembre se convocará la próxima comisión en la que terminen de presentar la documentación pendiente que solicitó Ciudadanos y los informes que han pedido al interventor, y podrían prepararse la justificación de las bajas del personal.

La oposición considera que desde el primer momento se redactó mal el pliego de condiciones porque hay necesidades que se quedan fuera sin cubrir. En cuanto a la gestión, Compromís y l'Esquerra apuestan por la municipalización del servicio porque consideran que el sistema está fallando y podría ganarse en eficiencia, una opción que tampoco descartan en el PSOE, que notan un contrato muy escaso con carencias, aunque tendrán a partir de septiembre que estudiarlo ya que, por el momento, según César Asencio, Ciudadanos y la edil no adscrita sí que apoyarían seguir con el servicio privatizado.