La mesa de negociación de Crevillent para renovar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) vuelve a enquistarse, sin consenso. La reunión ha tenido lugar esta semana y la propuesta del ejecutivo local ha contado con la oposición en bloque de los sindicatos, representados por UGT, CSIF y SEP, que consideran que con este modelo se vulneran las condiciones laborales de los empleados públicos del municipio; sobre todo, en algunos sectores, caso de la Policía Local o en los departamentos administrativos y de obras.

Este estudio modifica, sobre todo, el complemento específico, es decir, la retribución que recibe cada empleado de acuerdo a su puesto, que aunque aumenta en el número de mandos se ha reducido en otros, como en la segunda actividad de la policía, que percibiría 278 euros menos; 140 menos en el caso de agentes de las unidades de Medio Ambiente, 48 euros los oficiales y 8 euros los agentes, mientras que en auxiliares administrativos se eleva la reducción a 335 euros.

Esa cuantía se les mantendrá a los funcionarios actuales mediante un complemento personal transitorio (CPT), pero no lo recibirán quienes entren a ocupar una de las nuevas plazas. Los sindicatos consideran que esa reducción equivaldría a crear puestos en precario porque sostienen que ya un policía local de Crevillent cobra de media 150 euros menos que otro de municipios de población similar, como Elda o Mutxamel.

Añaden que la baremación que se emplea para el complemento específico está mal diseñada y ponen como ejemplo que en el documento de RPT se equipara el esfuerzo físico de un agente de policía con el de un conserje, y a la hora de la responsabilidad, con la de un administrativo. Sostienen, además, que en otros ámbitos, como las Infraestructuras, un operador de obra está en el nivel 2 de 4 de penosidad y con la misma variable para el esfuerzo físico.

El próximo mes se volverá a reunir la mesa de negociación aunque los sindicatos explican que se está dilatando el proceso más de tres años y sólo se les han tenido en cuenta seis de los 50 puntos que plantearon en el programa, por lo tanto avisan que acabarán con la negociación, que está costando 250.000 euros, si el Ejecutivo local no cede. Según el alcalde, César Asencio, esta RPT elaborada con asesoramiento de un técnico de la Diputación, «no pretende reducir salarios y sí buscar un equilibrio», y justifica que el complemento específico está excedido y se debe ajustar, como otros, caso de la productividad, ahora a la baja.