El Plan de Plurilingüismo del Consell sigue despertando malestar entre las familias hasta el punto de llevar al Gobierno valenciano a los juzgados. La madre de un alumno del colegio público Vicenta Ruso del barrio santapolero de Gran Alacant ha interpuesto un contencioso-administrativo contra la Conselleria de Educación por el proyecto lingüístico del Consell. Además el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) reclama a la Conselleria el expediente del procedimiento, y emplaza a todos los interesados a comparecer por la vía jurisdiccional antes del 21 de junio, según emana de la resolución publicada en el Documento Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Siguiendo los parámetros de la ley, aprobada en febrero, estos nuevos planes lingüísticos empezarán a implantarse, según lo previsto, en los niveles de Infantil y primer ciclo de Primaria este próximo curso, donde se suprimirá la línea en valenciano y se equiparará esta lengua cooficial con el castellano para esos niveles. En el caso del Vicenta Ruso, el Consejo Escolar no alcanzó el acuerdo de dos tercios que marca la ley para que sea el propio centro el que elija el plan lingüístico, por lo que el Consell determinó un 43% de las materias en valenciano, un 42% en castellano y un 15% en inglés en Primaria, y se implanta el programa de lectoescritura para las dos lenguas. La dirección del centro cuenta que en los últimos días se han reunido con la asesora de plurilingüismo para resolver dudas sobre cómo adaptar las clases.

Victoria Montolla, madre de un alumno hasta ahora en la línea en valenciano, sostiene que el cambio perjudicará a su hijo porque «le bajan su nivel en este idioma y le pasan asignaturas como matemáticas al castellano». Por otro lado, hay algunos sectores que todavía tienen dudas sobre el modelo a seguir.«¿Qué pasará con los estudiantes de tercero a sexto de Primaria? ¿Qué estatus quo tendrán? ¿Se van a aplicar dos leyes en un mismo centro?» sostiene Ramón López, presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos de Alicante (Fapa) Gabriel Miró.

Cuentan que hasta finales de mayo más de quinientas familias han registrado recursos de alzada ante la Secretaría Autonómica de Educación por «coartar la capacidad de elección del modelo de enseñanza para sus hijos». En este sentido, la Plataforma por la Libertad Lingüística en Educación, constituida hace algo más de un mes, y en la que está integrada esta Fapa Gabriel Miró, están en alerta por cómo se va a desarrollar el proceso, y han solicitado al Gobierno central que paralice la entrada en vigor de esta Ley 4/2018 de Plurilingüismo mediante un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), porque consideran que el planteamiento vulnera los derechos lingüísticos de las familias.

Piden, así, que se levante la comisión bilateral entre las dos administraciones en la que se dirimirá si hay para motivos de constitucionalidad, porque quedan sólo tres meses para el arranque del curso escolar.