La Cooperativa Eléctrica de Crevillent, empresa matriz del grupo Enercoop, anunció ayer que se personará como acusación particular en la causa que investiga un presunto fraude de 700.000 euros por parte del exdirector general de la sociedad Enrique Rua Rivero. De hecho, el caso se destapó gracias a la denuncia que presentó el presidente de la entidad, Guillermo Belso, al detectar una serie de facturas por servicios aparentemente vinculados con el objeto social del grupo, pero que llamaron su atención, bien por estar sobredimensionadas, o bien por tratarse de servicios de los que no había constancia que se hubiesen realizado, tal y como matizó ayer la compañía en un comunicado dirigido a los socios.
Según apuntaron ayer desde Enercoop, fueron diez los detenidos como fruto de las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. De todos ellos, seis quedaron en libertad y otros cuatro pasaron a disposición judicial el sábado, quedando también en libertad tras su declaración.
El consejo rector de la Cooperativa Eléctrica inició una investigación interna cuando en noviembre de 2017 se detectaron estas irregularidades. Al pedirle explicaciones al entonces director general, en el cargo desde mayo de 2016, «no pudo demostrar la realidad de la mayoría de los aludidos servicios, ni dar una explicación coherente» de los contratos suscritos, según indicaban ayer desde la sociedad. Así las cosas, presentó su dimisión como director general y, días más tarde, el consejo rector despidió a otros tres trabajadores presuntamente implicados en lo que definen como una «trama sofisticada» para cometer la estafa. Entre ellos, estaba el director comercial.
La investigación de la cooperativa eléctrica, que desencadenó la denuncia presentada ante la UDEF a finales de diciembre esclareció que los presuntos estafadores habían creado esta red con el personal más cercano al exdirector general, y con la ayuda de empresas de servicios externos, con claras conexiones entre ellas, que pudieron constatar a través del Registro Mercantil.
Desde Enercoop confirmaron que tras las investigaciones pudieron recuperar 476.000 euros cobrados de forma irregular por estos contratos sobredimensionados o inexistentes. Y es que ninguno de los proveedores a los que se les exigió que demostraran el elevado coste de las facturas o los servicios supuestamente prestados a la entidad pudieron aportar ninguna prueba que justificara esa irregularidad detectada. La entidad informará a sus socios en la próxima asamblea de toda la investigación, que hasta ahora han mantenido oculta por consejo legal y de los agentes de la UDEF.
