Crevillent cierra, por el momento, el debate de la retirada de calles franquistas del callejero con un acuerdo a medio camino, por el que finalmente se dirá adiós a las placas de la calle Enrique Varela, Doctor Augusto Aznar y Maciá Rives, por tratarse de personas que participaron abiertamente en el levantamiento frente al Gobierno del Frente Popular con acto de fuerza armado, según el Ejecutivo local, y que, por lo tanto, quedarían dentro de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
En la última junta de portavoces, convocada estos últimos días, volvió a enquistarse el debate sin consenso total ya que el PP desestimó de nuevo las otras dos propuestas de retirada que planteó en su día l'Esquerra, después que se descartaran las ocho restantes del listado inicial, porque consideran que no incumplen la legislación vigente. Este grupo da como «rota la búsqueda de consenso y elevaremos a la Conselleria toda la documentación para que allí decidan» señala Josep Candela, portavoz de l'Esquerra. Con esta, finalizan las reuniones de portavoces para abordar la cuestión de la memoria histórica sobre las calles, y el siguiente paso será llevar a la comisión de régimen interior la propuesta que presentó el Ejecutivo local sobre las tres vías susceptibles de cambio, para pasar después por pleno.
Del listado se excluye la de Francisco Candela Martí y Salvador Mas. Según el escrito del alcalde, César Asencio, los nombres hacen referencia a dos jefes locales de la Falange Española que fueron condenados a muerte por la militancia política y por, supuestamente, provocar altercados, «pero no tuvieron que ver con el alzamiento militar porque estaban detenidos preventivamente», señala.
Desde Compromís manifiestan que, cuando pase por pleno, votarán a favor de retirar las placas, pero «la aplicación de la ley queda pendiente porque no se han consensuado criterios», apunta Jesús Ruiz, portavoz adjunto de la formación, que se desmarcó de este proceso municipal. Por su parte, Ciudadanos apoya que se retiren al menos dos de las calles, pero siguen con dudas sobre si la del doctor Augusto Aznar se refiere a un médico miembro de la Falange y militar o si se trata de otro facultativo madrileño sin vinculación con el alzamiento. Mientras, el PSOE sigue en la línea de estudiar a fondo el callejero y los nombres de los edificios públicos que podrían sustituirse, aunque no sea de aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
En estudio
La Conselleria de Educación ha decretado que el colegio público Primo de Rivera debe cambiar de nombre por contravenir la Ley de Memoria Histórica. En abril la dirección del centro recibía una notificación de la Administración autonómica en la que se requería la sustitución del nombre «para cumplir con la resolución de las Cortes, y nos advierte que de no hacerlo se nos podrá retirar cualquier subvención», señala Francisco José Mas, director del centro. Ante esa petición, el consejo escolar acordó por unanimidad el mes pasado que remitirían un escrito al Consell para explicar que el nombre del centro hace referencia a Miguel Primo de Rivera, militar español que ejerció de dictador entre 1923 y 1930, y que, por lo tanto, quedaría fuera de la aplicación de la ley nacional y valenciana de memoria histórica. Por ahora el centro está recabando la documentación para elevar el recurso ante el Consell.
