El exalcalde de Santa Pola y portavoz local del Partido Popular, Miguel Zaragoza, se negó el jueves en el pleno ordinario a dejar su acta de concejal y la de diputado provincial de Bienestar Social, tras las investigaciones por presuntos delitos de prevaricación, malversación y cohecho por la gestión de la clínica de Gran Alacant, donde también está investigada la diputada nacional Loreto Cascales. De hecho, después de que declarara primero ante la Policía Nacional en calidad de detenido, y después en el juzgado, la edil de Ciudadanos, Eva Mora, además de los concejales Francisco Soler e Ignacio Soler, del grupo de los no adscritos, presentaron en sesión plenaria dos mociones, que finalmente concurrieron como una única, para pedir la dimisión del edil popular, y que fue aprobada por doce votos a favor y los nueve en contra del PP.
En primer lugar, Francisco Soler señaló que Miguel Zaragoza «no es víctima, sino verdugo, y no es digno de ocupar un lugar en la Corporación, porque sus causas pendientes con la Justicia son incompatibles con el juramento que hizo». El edil del grupo de los no adscritos, en este sentido, incidió en que sigue abierto el procedimiento penal contra el exalcalde por presunta prevaricación ambiental tras las denuncias de vecinos por los chiringuitos de El Carabassí.
En su defensa, y con tono calmado, Zaragoza expuso que «la presunción de inocencia es un derecho básico y que no hay ninguna sentencia contra mí», y añadió que «asumiré las responsabilidades cuando la Justicia se pronuncie en los temas que me correspondan, como ya presenté en su día dimisiones en varios organismos», señaló.
En el segundo punto de la moción, la edil Eva Mora indicó que en caso de que Zaragoza se negase a entregar el acta como concejal, se demandaba que se procediera a la inmediata expulsión como militante del Partido Popular y que, además, se trasladaría el acuerdo del pleno a las presidencias del PP local, regional y nacional. Desde Ciudadanos le recordaron al edil popular el punto 93 del pacto de investidura que llevó a Mariano Rajoy a la Presidencia y por el que se comprometían PP y Cs a separar a los cargos públicos imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción.
El exalcalde de Santa Pola aseguraba esta semana en su comparecencia en la Ciudad de la Justicia de Elche que desconocía las presuntas irregularidades que, durante su mandato, se pudieron haber cometido en la gestión de la clínica, y que siempre actuó de manera «intachable».
