El alcalde de Crevillent y vicepresidente de la Diputación, César Asencio, se escudó ayer en los técnicos municipales para justificar la prórroga durante casi dos décadas del contrato del servicio de recogida de basuras en la localidad. Así lo manifestó en su comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 4 de Elche, donde declaró como investigado tras la querella presentada por el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, que le acusa de supuestos delitos de prevaricación administrativa, contra los recursos naturales y de exacciones ilegales. El regidor crevillentino presentó los acuerdos plenarios y los informes técnicos ante el juzgado para justificar esta decisión.
El pliego estuvo vigente hasta 2013, pese a que cuando salió a licitación, en 1997, lo hizo por un año, prorrogable, y se volvió a renovar. Esa prórroga se extendió en el tiempo, y César Asencio reiteró en varias ocasiones ante la jueza que todas las decisiones están basadas en lo que le dicen los técnicos, y que no era una decisión personal.
Así, aludió a que el pliego cumple con todos los requisitos legales, y añadió a que no consta ningún reparo por parte del secretario e interventor sobre este contrato. El alcalde aludió a que esta querella se debe a un «ataque a su persona», ya que en el proceso de contratación intervienen muchos técnicos y se realizan muchos informes de legalidad. En este sentido, Asencio aportó el acta de apertura de plicas y el informe de intervención.
Así, el primer edil crevillentino manifestó ante la juez que no ha habido ningún interés en beneficiar a la empresa, ni siquiera cuando se modificó el canon fijo que se pagaba a Abornasa, la adjudicataria del servicio, a uno variable, en el año 2006. Asencio justificó esa decisión en que la entrada en funcionamiento de un ecoparque en 2003 hizo que se llevaran más residuos a la planta, por lo que se hizo necesario mejorar el pliego para atajar las quejas de los vecinos, ya que la demanda por eliminar residuos era mayor.
Esta afirmación también la justificó con un informe técnico, esta vez del ingeniero técnico industrial, en el que no había ninguna alusión a que esta modificación fuera ilegal. Además, Asencio rechazó que esto fuera beneficioso para la empresa, pues en el control de los precios había incluso cantidades favorables al Ayuntamiento, todo según manifestó el alcalde a la jueza.
La querella fue presentada en su día por los ediles de l'Esquerra Vicent Selva y Daniel Galvany, pero fue asumida posteriormente por el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, una vez que los ediles no quisieron asumir el coste de la fianza fijada por la juez.
La jueza preguntó al alcalde el porqué, con estos antecedentes, del cambio de criterio del exinterventor de Crevillent, Fernando Urruticoechea, y Asencio volvió a aludir a un supuesto enfrentamiento personal. De hecho, no dudó en arremeter contra él, asegurando que se debía a que el funcionario le había pedido días libres o trabajar en casa por problemas personales, y no se los había dado. Y hasta aseguró que Urruticoechea tiene «problemas psicológicos» y una «personalidad obsesiva».
Asencio respondió solo a la jueza y no al abogado de la acusación popular, José Antonio Espinosa, y reiteró a su salida del juzgado que era una «denuncia falsa e interesada».
