El juzgado cita a declarar al alcalde de Crevillent como investigado por la prórroga de la contrata de la basura

La juez del juzgado de Elx considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito de prevaricación administrativa, delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, y un delito de exacciones ilegales penado en al artículo 437 del código penal.

Este auto es fruto de la denuncia que se presentó a la Fiscalía Anticorrupción por los entonces concejales Vicent Selva y Daniel Galvany del grupo municipal de l´Esquerra y que, posteriormente, asumió el Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción al no poder hacerse cargo el grupo de la elevada fianza pedida por el juzgado para admitirse como querellantes.

Este nuevo auto se remonta y pide explicaciones de los pagos a la empresa que ofrecía el servicio desde el año 1996. La juez en su exposición de fundamentos jurídicos alega que existía en esta concesión "importantes deficiencias legales" como la ausencia de documentos preceptivos, indeterminación en las prórrogas o inexistencia de pliego de prescripciones técnicas y memoria económica y financiera.

Por estos servicios, según la juez, "el Ayuntamiento de Crevillent ha estado liquidando a la empresa Abornasa durante años y años, facturas de elevadísima cuantía por la vía del reconocimiento extrajudicial de créditos sin saber cuáles son las condiciones técnicas de los servicios prestados y dejando que fuese la propia empresa quien fijara el precio" a pesar de las numerosas notas de objeción del anterior interventor municipal.

También apunta el auto que fue entonces cuando desde el Ayuntamiento se desplegó una intensa actividad para tratar de legalizar la cuestión del tratamiento de residuos, actividad que se encontraba lejos de ajustarse a derecho y que respondía al único objetivo de dar cobertura o apariencia de legalidad a una nueva adjudicación del servicio a esta misma empresa.

El auto también hace hincapié en como el Ayuntamiento intentó hacer un Plan Especial el cual estaba redactado por la misma empresa Abornasa que como parte interesada no debía ser la redactora, ignorando el mandato legal de iniciativa pública e ignorando las alegaciones presentadas por el Grupo de L´Esquerra y diversas organizaciones ecologistas de la zona.

Por último, la juez considera que la zona del Fondo de Crevillent-Elx, es una de las tres áreas de todo el Sistema de Zonas Húmedas de Alicante que está incluida dentro de los LIC (Lugar de interés comunitario) y catalogada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), constituyendo "una de las áreas de mayor valor ambiental y paisajístico de la Comunidad Valenciana y de todo el Mediterráneo Occidental".

Tras hacerse público el auto el propio César Asencio ha emitido un comunicado en el que muestra su confianza en la justicia y en el juzgado que lleva la denuncia presentada por el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción. Asencio ha asegurado que como alcalde no ha hecho nada ilegal, "como quiere hacer ver l'Esquerra", en lo que considera que es un intento de desprestigiarle y hacer daño, "tal como hicieron en el caso del amianto en las naves de Imperial, que quedó archivada la denuncia penal después de 3 años". "Confío plenamente en la justicia y en el juzgado que va a ver el caso, porque el propio fiscal hace un año ya pidió el archivo. Lamento ver como estos señores instrumentalizan la justicia para sus propios fines y desprestigiar a quienes quieren hacer daño, como es mi caso".