La junta de portavoces que trabaja por determinar el cambio de calles franquistas en Crevillent decidirá en un mes qué pasará con el listado de vías propuestas para alterar su denominación con el fin de cumplir la Ley de Memoria Histórica. Los grupos políticos tendrán aproximadamente tres semanas para estudiar todas las alegaciones presentadas ante registro en el Ayuntamiento y también para revisar qué dice el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que en estos momentos se encuentra en proceso de aprobación en las Cortes Valencianas, para determinar si el proceso que llevan a cabo en el municipio coincide con la normativa en ciernes o deberían ajustar algunas de sus actuaciones.
Los portavoces de los grupos políticos se reunieron ayer, después de que el Ejecutivo local anunciara el resultado de las alegaciones presentadas en el registro del Ayuntamiento a favor o en contra de la modificación del callejero de Crevillent. En esta reunión se rindió cuentas de toda la documentación presentada.
Algunos de los grupos políticos, como Ciudadanos, aseguraron que no recibieron el expediente sobre las alegaciones y el Ejecutivo local se comprometió a remitírselo a todos los grupos para que tengan la oportunidad de estudiarlas y de dar su veredicto en el plazo de tres semanas o un mes, cuando se reúna de nuevo la junta de portavoces crevillentina.
El grupo de L'Esquerra, que presentó la única alegación a favor de cambiar el nombre o el significado de las once calles a debate, entregó a todos los grupos una copia del escrito, así como la copia de actas y referencias en las que se basa su propuesta de listado para el cambio de calles en Crevillent. Entre esa nueva documentación se encuentra también el expediente usado por el Ayuntamiento de València en su proceso de modificación en su callejero, ya sea por eliminación o por dar un nuevo significado a los nombres de las vías.
De este modo, las formaciones estudiarán los nuevos datos aportada antes de decidir su postura final.
El grupo de Compromís se mantuvo en su postura de no participar en el proceso de estudio de las alegaciones y de atenerse a lo que decida la futura Ley de Memoria Democrática del Consell. Ante esta tesitura, el alcalde, César Asencio, propuso estudiar también durante estas tres semanas el anteproyecto de Ley de las Cortes para seguir con el proceso pudiendo añadir los cambios oportunos, si fuera necesario, para ceñirse a la nueva norma. La postura del Ejecutivo local, L'Esquerra, PSOE y Ciudadanos es que sí que estudiarán las alegaciones para no relegar el proceso de cambios.
