El Ayuntamiento de Santa Pola ha reorganizado ya las concejalías para acatar el auto judicial y retirar las competencias a los ediles tránsfugas de Ciudadanos, Ignacio Soler y Francisco Soler, tras el pulso ganado por el Partido Popular. Los dos concejales abandonaron las filas de la formación naranja después de las elecciones municipales y dieron su apoyo al PSOE, Compromís, Sí Se Puede e Esquerra Unida para hacerse con el control del Consistorio santapolero.

La alcaldesa, Yolanda Seva, firmó ayer el decreto para dejar sin efecto los derechos políticos y económicos de los ediles, así como la dedicación exclusiva que disfrutaba uno de los dos concejales no adscritos. Tras este paso adelante, las áreas han quedado ahora repartidas entre el resto de ediles del Ejecutivo local, la mayoría de ellas entre los socialistas. Empezando por la presidenta de la Corporación municipal, que se hará cargo de Infraestructuras, además de Relaciones Institucionales y Protocolo. Con esta reorganización, Seva deja las concejalías de Policía y Vía Pública, que las asumirá Antonio Pomares, además de las que ya dirige como son Personal, Contratación y Vía Pública. El número dos del PSOE, Lorenzo Andreu, se encargará a partir de ahora también de Fomento y Cementerios.

Para Compromís el reparto recaerá sobre todo en dos concejales. Alejandro Escalada dirigirá a partir de ahora Parques y Jardínes y Servicios Públicos, y Francisco Carbonell se hará con Hacienda. Por último, la edil de las filas de Sí Se Puede, Mercedes Landa, se encargará de Pesca e Industria. Con esta reconfiguración, el único partido del Ejecutivo local de Santa Pola que se quedará sin asumir nuevas responsabilidades será el de Esquerra Unida, representado por Samuel Ortiz.

Con los nuevos cambios, sobre los que se dará cuenta hoy en un pleno extraordinario junto a la estructura final de todas las concejalías, Francisco Carbonell pasará a tener a partir de este momento una dedicación exclusiva. Ahora mismo, son siete las asigaciones a tiempo completo que hay dentro del equipo de gobierno de Santa Pola, el máximo que permite la ley.

Pese a esta nueva estructura en el Ejecutivo local que deja a dos de los once ediles del Ejecutivo local sin competencias, la alcaldesa, Yolanda Seva, aseguró que «vamos a seguir teniendo el apoyo de los dos ediles y no vamos a tener ningún problema en sacar adelante nuestros proyectos como lo hemos hecho hasta ahora». La alcaldesa recordó que tanto Francisco Soler como Ignacio Soler van a seguir siendo concejales y sus actas van a ser instransferibles.

La regidora también reconoció que tenían en mente que este momento iba a ocurrir desde el instante en el que el PP recurrió en 2015 contra el decreto de Alcaldía que otorgaba competencias a los tránsfugas. No obstante, también se aferró a que es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el que tiene que dictaminar sobre la sentencia todavía, ya que es provisional.

El auto judicial que ha acabado por dar la razón al PP, al menos por el momento, refleja que el Ayuntamiento vulneró el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y el artículo 134 de la Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunidad Valenciana. Según la sentencia, cuando la Alcaldía decretó las competencias y delegaciones de Hacienda, Pesca, Infraestructuras o Limpieza Viaria, entre otras, vulneró la Ley de Bases de Régimen Local.