Las 47 viviendas de la calle Uruguay crevillentina tienen los días contados. El Consell ya ha dado luz verde al proceso de demolición de este bloque en ruinas que es la imagen de un fallido proyecto de vivienda pública para la localidad alfombrera.
La Conselleria de Vivienda se puso así en marcha para comenzar, a lo largo de la jornada de ayer, labores de desescombro y limpieza del área y también la adopción de medidas de seguridad previas necesarias antes del derribo de los que debieron ser pisos para personas con dificultades económica. La demolición comenzará, según prevén, a la mayor brevedad posible.
Este año, el Consell dejó en el aire la rehabilitación de este enclave para viviendas sociales, que tiene una superficie de 23.000 metros cuadrados y que no tiene perspectiva de que vaya a materializarse porque el Gobierno autonómico no está financiando nueva construcción y solo rehabilita edificaciones ya existentes.
El alcalde de Crevillent, César Asencio, propuso en febrero lo que se consideraría una restauración de las casas y que, por lo tanto, no implica realizar un nuevo plan, sino de volver a erigir los edificios que ya existían. Desde el Consell consideraron razonable la propuesta, pero apuntaron a que es necesario hacer consultas y estudios previos antes de actuar y los plazos se prevén a largo término.
El bloque de la calle Uruguay contaba con 98 viviendas del parque público de la Generalitat, pero el mal estado del edificio y los problemas de inseguridad ciudadana llevaron en 2007, al anterior Gobierno autonómico, a desalojar y a demoler 51 de esas casas. Posteriormente, en 2010, el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), el Ministerio de Vivienda y el Ayuntamiento de Crevillent suscribieron un convenio para invertir en la reconstrucción total del barrio conocido como las 98 viviendas que desembocó, finalmente, en la demolición de los 47 pisos restantes que no llegó a ejecutarse en la anterior legislatura. En marzo de este año, la Conselleria adjudicó las obras de demolición con un presupuesto de casi 300.000 euros. A partir de ahí, la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), que gestiona el parque público de viviendas, solicitó en mayo la licencia de derribo al Ayuntamiento de Crevillent, que ya fue concedida. El paso previo a la demolición fue comprobar que las casas no se encuentran ocupadas.
