La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha sumado a un nuevo miembro a la investigación por un presunto amaño de contratos en la compra de uniformes para la Policía Localamaño contratos en la compra de uniformes y Protección Civil en Santa Pola. El pasado viernes, agentes de la UDEF detuvieron a un nuevo miembro de la Policía Local, siendo trasladado hasta la Comisaría de la Policía Nacional de Alicante para prestar declaración. Al igual que el resto de acusados por la Policía dentro de esta investigación, el agente quedó poco después en libertad con cargos.

Son así ya diez detenidos los que arroja de momento esta operación para averiguar si sus protagonistas han incurrido en delitos de malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental y que, al cierre de esta edición, continuaba bajo secreto de sumario.

El agente acusado por la UDEF tiene una larga trayectoria dentro del cuerpo de la Policía Local santapolera y un recorrido amplio en varias áreas, sobre todo, en el ámbito administrativo y en la Jefatura de la villa marinera. De hecho, fue una de las personas que colaboró en la preparación de la documentación que solicitó la Policía Judicial durante los registros que se llevaron a cabo a lo largo del miércoles en las instalaciones policiales, con el fin de revisar los expedientes relacionados con la compra de material de uniformes desde el año ????.

Según apuntan fuentes oficiales, esta persona continúa realizando sus labores dentro de la Policía Local dentro de una «normalidad relativa» después de su declaración ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.

Asimismo, desde la investigación no se descarta que, tras el envío y estudio de todo el material intervenido en el Ayuntamiento y las dependencias policiales se puedan producir más detenciones para esclarecer las bases de esta operación. Así, desde el Consistorio de Santa Pola apuntaron que tuvieron que revisar más de 3.000 folios de documentación para seleccionar los archivos necesarios que solicitaban para esclarecer la investigación policial. Aún así, no aparecieron albaranes para justificar la compra de uniformes para Protección Civil durante un largo período de tiempo. En esa etapa el responsable de Protección Civil era José Vicente Carretero, exjefe de la agrupación. Carretero se mantuvo en el cargo hasta enero de 2015. La investigación se centra, sobre todo, en transacciones realizadas entre los años 2013 y 2014.

En el último pleno municipal, celebrado el viernes por la tarde, se dio cuenta de la memoria anual de la agrupación de voluntarios de Protección Civil en 2016, así como del ascenso de varios componentes de su operativo. Según sostienen desde el equipo de gobierno, el procedimiento que se seguía hasta el momento para obtener los uniformes «no era transparente» y están trabajando en un nuevo pliego de condiciones para conseguir estas equipaciones.

Con esta nueva detención, ya son siete personas y tres empresas las acusadas. En concreto, se investiga si los agentes y las firmas fraccionaron contratos para que las adjudicaciones pudieran hacerse de forma directa e incluso si en algunos casos no se llegó a entregar el material pese a que se pudo haber pagado.

Las detenciones del miércoles involucraron al intendente José Miguel Zaragoza; a los oficiales de la Policía Local, Roque Alemañ y Pascual Linares; y a empresarios, por irregularidades en los contratos de material. A ellos se sumó también el exconcejal de Seguridad Antonio Pérez Huertas.