El ambiente tenso y los dardos entre el equipo de gobierno santapolero y el Partido Popular marcaron ayer el pleno del mes de junio en Santa Pola, tras las investigaciones abiertas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por el presunto amaño de los contratos de los uniformes de la Policía Local y el caso del colegio Hispanidad.

El revuelo se elevó en la sala cuando los portavoces del grupo socialista, Lorenzo Andreu, la representante de Compromís, Anna Antón, la portavoz de Sí Se Puede Santa Pola, Mercedes Landa, el edil de Esquerra Unida, Samuel Ortiz y los concejales no adscritos, Ignacio Soler y Francisco Soler presentaron esta moción in voce. Tras la lectura de esta demanda de dimisión del equipo de Gobierno hacia la edil del PP hubo varios aplausos entre el público asistente. Las caras de los ediles populares reflejaron que esta petición llegaba como un jarro de agua fría. La petición incluía que el partido expulsara a la edil si ella no dejaba el puesto de forma voluntaria.

Sin embargo, se dio la circunstancia de que la edil Lola Gadea no estuvo presente en el pleno que se celebró ayer y en el que se pidió su cabeza política. Ante ello, el popular Miguel Zaragoza, salió en defensa de su compañera de filas asegurando que Gadea «es una persona honorable» y calificó el derrumbe del Hispanidad como un «accidente que no se pudo evitar». Zaragoza también aseguró que «veo fuera de lugar la moción y Gadea no merece ser cuestionada». Por su parte, el Ejecutivo local se mantuvo en su firme postura y reprochó al PP no haber sido capaz de garantizar la seguridad de las personas que asistían al colegio santapolero cuando estaban en el gobierno. Tanto el PP como Ciudadanos rechazaron que se incluyera en el punto del día esta moción pero, finalmente, con once votos a favor del Gobierno local, la moción salió adelante.

No obstante, lo que también llamó la atención fue, en ningún momento se hablara o mencionara las detenciones de esta semana del jefe de la Policía Local, José Miguel Zaragoza, los oficiales Roque Alemañ y Pascual Linares, y, también, del exconcejal de Seguridad del PP, Antonio Pérez Huertas por el caso de los uniformes. El asunto quedó silenciado tras haber estallado solo unos días antes en la localidad marinera.