Nueve escolares de una clase de cuarto de Primaria del colegio Hispanidad de Santa Pola resultaban heridos de diversa consideración en enero de 2013, después de que el suelo del aula se hundiera. Habían pasado unos minutos desde el inicio de la clase y, de repente, los pequeños se precipitaron por un socavón de más de un metro y medio de profundidad. Ahora, cuatro años después, el juzgado ha abierto una investigación contra la entonces concejal de Urbanismo, Lola Gadea; contra la arquitecta municipal, y contra una segunda arquitecta, esta externa, encargada de la inspección técnica del centro escolar en el año 2010. Las tres, de hecho, prestaron declaración en calidad de detenidas a finales de la semana pasada en la Comisaría de Alicante, aunque ya están en libertad con cargos. La investigación se lleva desde el juzgado de Instrucción número 3 de Elche, y las detenciones estuvieron dirigidas por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Tanto a la edil del PP -entonces responsable municipal de Urbanismo y hoy en la oposición- como a la técnica municipal se les investiga por un delito contra los trabajadores y otro delito de lesiones por imprudencia grave. Mientras, a la segunda arquitecta, contratada externamente, se le investiga por un delito de falsedad documental.

El siniestro tuvo lugar el 11 de enero de 2013, cuando sobre las 9.10 horas, nada más comenzada la jornada escolar, el suelo de la clase cedió, y diez de los 19 alumnos que había en ese momento cayeron al socavón. Fueron las mesas y sillas que se encontraban junto a la ventana, y, por tanto, sus ocupantes, los que acabaron precipitándose después de que cediera el forjado sanitario. La profesora, además, tuvo que recibir asistencia médica por su estado de nerviosismo. Los 180 alumnos del centro, poco después, eran desalojados del colegio.

En cualquier caso, lo que trata de esclarecer la investigación es por qué se hizo caso omiso a dos informes previos, que alertaban de las deficiencias del centro, y que llegaban, además, después de que desde el colegio se hubieran trasladado quejas al respecto. En este sentido, según fuentes cercanas al caso, en el año 2010, con cargo al Plan E, se realizaron más de 200 inspecciones técnicas de edificios, tanto públicos como privados. Ahí entró el colegio Hispanidad. Al final, en el caso del centro educativo, se emitieron dos documentos firmados por la arquitecta externa, y en uno de ellos se calificaba la situación de más grave que en el otro. Sea como sea, la profesional avisó de la necesidad de tomar medidas, pero el centro se derrumbó en 2013. Al final, eso es lo que ha llevado a abrir la investigación contra la exedil de Urbanismo y la empleada municipal. Mientras, a la arquitecta técnica se la investiga porque los dos informes firmados por ella tienen diferente contenido, y, por tanto, por falsedad documental. No obstante, al parecer, en su declaración, lo atribuyó a un error administrativo.