Dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche resuelven, de forma favorable para el Ayuntamiento de Crevillent, el cobro de las obras no ejecutadas por la promotora del residencial El Pinar. Una de las resoluciones determina que la Agrupación de Interés Urbanístico, encargada de los trabajos en el sector R-10 crevillentino, debe hacer frente a las obras pendientes por un importe de más de dos millones de euros. Además, la otra decisión judicial falla a favor del Ayuntamiento de Crevillent al desestimar un recurso interpuesto por la promotora que pedía rectificar una sentencia anterior sobre el precio.
No obstante, ante ambas decisiones cabe recurso de apelación por parte de la empresa ante el Tribunal Superior de Justicia, por lo que este proceso podría seguir adelante si la firma decide recurrir.
El Ayuntamiento de Crevillent podrá, de resultar firmes los dictados del juzgado, reclamar la ejecución del cobro de la parte no ejecutada del aprovechamiento del sector R-10 en El Pinar, que corresponde a un 10% del área urbanística del residencial en el municipio crevillentino.
En este complejo proceso,tras varias sentencias y apelaciones previas desde 2010, se determinó que la tasación de las obras del residencial El Pinar fuera de 2.078.000 euros. Este precio rebajaba, previo acuerdo entre las partes en 200.000 euros el precio que reclamaba el Consistorio.
Plazos cumplidos
La empresa ya ha cumplido el periodo máximo de cuatro años de moratoria en la suspensión de las obras de urbanización general del sector, que aún está pendiente de finalización. La empresa se acogió a esta medida aduciendo motivos económicos, amparada por el Decreto Ley 2/2011 de la Generalitat Valenciana, de medidas urgentes de impulso a la implantación de actuaciones territoriales estratégicas en la región.
El Ayuntamiento de Crevillent aprobó en febrero de 2013 la suspensión temporal de la urbanización por dos años, y en 2015, la Agrupación de Interés Urbanístico pidió otra prórroga de dos años más, aunque, en esa ocasión, el Consistorio sólo aprobó un año de suspensión, a la espera de que, con los datos que había de recuperación económica, se pudiera reiniciar la urbanización. Finalmente, en 2016, el Consistorio prorrogó la moratoria. Ahora, si la compañía no continúa con las obras, perderá los derechos de urbanizar y, por tanto, se procederá a la extinción del convenio del Residencial R-10 El Pinar.
