El Baix Vinalopó es un área al que el fenómeno de los desahucios ha afectado de manera significativa tras la ruptura de la burbuja inmobiliaria. Edificios a medio construir han afectado a promotores de viviendas tanto en Santa Pola y Crevillent y los efectos de las pérdidas de empleo relacionadas con la caída del ladrillo han dejado un cúmulo de deudas, en muchos casos en forma de hipotecas, que sus propietarios ya no pueden pagar. Frente a esta situación, los municipios de la comarca se han encontrado un panorama en el que muchas personas han perdido o corren el riesgo de perder su vivienda.
Tanto Santa Pola como Crevillent han puesto en marcha mecanismos para tratar de atajar esta situación a la que ahora se suma los problemas para pagar los alquileres. La Oficina de Intermediación Hipotecaria de Santa Pola trabaja desde el mes de abril asesorando y guiando en los casos de problemas habitacionales de los habitantes de la villa marinera. Este trabajo se une a la labor que lleva años realizando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en la localidad, que ha paralizado varios desahucios desde su composición.
Crevillent tiene pendiente la creación de una oficina de la vivienda en el municipio, que debe ver la luz antes de final de este año, a través de una enmienda a los presupuestos de 2016 que realizó el PSOE del municipio. Mientras tanto, hay decenas de casos de personas con dificultades para pagar su vivienda a las que la PAH de Crevillent también asesora y acompaña en el seguimiento de sus casos. El Ayuntamiento crevillentino registró oficialmente cuatro casos de desahucios el año pasado. Las cifras que manejan la PAH sobrepasan el medio centenar de afectados graves.
En Santa Pola, la oficina de atención hipotecaria, dependiente del área de Acción Social, está atendida por dos trabajadoras, Gemma Asencio y Gemma Moya, que se ocupan de atender las peticiones de problemas habitacionales de los habitantes de la villa marinera. Aseguran que el trabajo les sobrepasa. El concejal de Servicios Sociales, Lorenzo Andreu, anunció por ello la creación de una delegación de Vivienda Social en Santa Pola, que está a espera de salir a la luz a través de decreto en el plazo de una semana. A través de esta delegación centralizarán los asuntos de vivienda social y esperan rebajar la carga de trabajo de las dos encargadas del área.
Esta oficina quiere tratar los asuntos de problemas de vivienda, a ser posible, desde el comienzo, y hace un llamamiento a los habitantes de Santa Pola para que acudan a esta oficina ante cualquier duda y que no esperen a que los casos de posibles desahucios estén muy avanzados, porque de este modo es más fácil frenarlos.
Las profesionales detectan que en Santa Pola hay un problema endémico y es que hay 83 personas esperando viviendas sociales de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat(EIGE), que salen a cuentagotas porque en la villa se construyeron 44 viviendas de estas características entre los años 1982 y 1983 y desde entonces no ha habido viviendas nuevas. Por ello, hay casos de personas que llevan más de ocho años esperando a que se les concedan y solo en casos muy graves, tres en el último año, se han acelerado los trámites para adaptar y hacer habitables estos pisos por necesidades especiales de desahucios inminentes o de problemas sociales muy graves.
La oficina de intermediación hipotecaria en Santa Pola ha tramitado, además, en estos meses, 90 solicitudes de ayudas para el alquiler en la Comunidad Valenciana y esperan que, de ellas, unas 70 puedan beneficiarse de ahorros de hasta un 40 por ciento en la cuota de alquiler en 2016.
Oficina pendiente
En Crevillent, la Concejalía de Bienestar Social cuenta con dos personas que atienden casos relacionados con problemas de desahucios pero aún no cuentan con una oficina municipal que centralice y atienda de manera transversal estos asuntos. En el último año, aseguró la edil de Bienestar Social, Juana Guirao, han detectado cuatro casos de desahucios que llegaron hasta el Consistorio, pero la realidad de Crevillent es más cruda y se presume que más de 50 personas estén en riesgo de perder su primera vivienda.
Por este motivo, antes de final de año, el municipio bajo una enmienda a los presupuestos de 2016 efectuada por el PSOE crevillentino, espera alumbrar una Oficina Integral de la Vivienda, para la que contarán con 30.000 euros de presupuesto y que, según el portavoz del Grupo municipal socialista, Javier Asensio, podrá dar asesoramiento y apoyo desde el primer momento a personas que estén en riesgo de perder su primera vivienda. Para ello, reclama que, además de los funcionarios que ahora trabajan en estos casos, se incluya a una persona más, con experiencia y bagaje en asuntos de desahucios.
La PAH de Crevillent cuenta con un grupo activo de veinte personas trabajando en el seguimiento de casos de desahucios en el municipio y han logrado una dación en pago hace apenas unas semanas. Cada viernes, reparten información a los ciudadanos para dfundir su labor y llevan a sus espaldas numerosos casos de desahucios frenados con una multitud de perfiles diferentes.
