Por todos es bien conocido en Crevillent que el primero que predica con el ejemplo, a la hora de recoger los excrementos de su mascota, es el alcalde de la localidad, César Augusto Asencio, el mismo que ha impulsado una ordenanza para sancionar a aquellos que dejan las heces de sus perros en la vía pública. Una norma que a todos sorprende, para bien o para mal.
La intención municipal pasa por poner en marcha una ordenanza que obliga a los propietarios de perros a realizar un análisis de sangre para registrar el ADN de cada ejemplar en una base de datos, y poder dar con el propietario, y sancionarle, si deja las heces de su mascota en la vía pública.
El Colegio de Veterinarios de Alicante considera que la medida es positiva, siempre y cuando no genere más gastos para los propietarios de mascotas. En este sentido, el presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante, Luis Eduardo Montes, valoró ayer «que se trata de una medida viable técnicamente, aunque debemos dejar constancia de que la mayoría de personas cumple con sus obligaciones, pese a que estamos ante una lacra que genera problemas hasta sanitarios».
Luis Eduardo Montes matizó que «si se hace bien, es una medida positiva, pero otra cosa es que desde las administraciones públicas no se pongan los medios necesarios para hacer posible la convivencia con las mascotas». El presidente del Colegio de Veterinarios se refirió a la creación de espacios para sacar a pasear a las mascotas como parques o playas donde se permita su presencia.
No obstante, Montes aseveró «que la mascota no se puede concebir como herramienta de recaudación, cuando hace un año el Gobierno subió el IVA de un 8% al 21% pese a que prestamos un servicio sanitario».
Así las cosas, desde el Colegio de Veterinarios de la provincia aseguraron «que defendemos este tipo de medidas pero siempre y cuando no conlleve más gastos para los dueños».
Una condición que no se materializará en la novedosa ordenanza crevillentina, ya que cada propietario tendrá que hacer frente al coste de la analítica del animal que aún no se ha dado a conocer, y cuyo precio actual en los laboratorios ronda los 120 euros.
Desde otros colectivos la reacción fue de total rechazo a la medida crevillentina. La Sociedad Canina de Alicante consideró «que hay otro tipo de medidas más eficaces, como que la Policía haga su trabajo en la calle, ya que esto es incrementar la burocracia y no resolver los problemas».
El presidente de la Sociedad Canina de Alicante, Ángel Gambín, sostuvo que «si la Policía cumple y vigila la vía pública vería a las personas que cometen infracciones, ya que por esto también se debería tener registrado el ADN de cada persona para saber quien tira colillas, una botella... es un absurdo».
Las protectoras de animales también pusieron el «grito en el cielo». La Sociedad Protectora de Animales de Alicante indicó que «los propietarios tienen que recoger los excrementos de sus mascotas, pero si un ayuntamiento establece esta medida también debería extenderla a todos los habitantes, porque todas las manchas negras que hay en la calle son de chicles que tiran las personas».
Desde la protectora de Alicante también se cuestionaron «si la situación en España permite que un agente de Policía deba dedicarse a esto mientras se producen robos y sigue habiendo mucha delincuencia».
Una reacción similar llegó desde la Protectora Baix Vinalopó que tildaron la ordenanza como «una barbaridad que atenta al derecho de la economía de los ciudadanos». El colectivo del Baix Vinalopó apuntó «que entendemos que la ciudadanía deba ser responsable, pero hay que concienciar, sería más beneficioso dar clases de ciudadanía que poner multas».
