El Ayuntamiento de Santa Pola ha acordado trasladar la gestión de cobro de todos los recibos de tasas municipales que hayan pasado a Ejecutiva (con recargo) a Suma Gestión Tributaria -organismo público dependiente de la Diputación de Alicante-. Esto incluye, entre otros, el impuesto de circulación de vehículos. Además, también se delegan las infracciones de tráfico. La medida se aprobó en Pleno con el voto a favor del equipo de Gobierno popular y del PSOE, mientras que Compromís votó en contra.
El objetivo de esta iniciativa es, según explican desde el equipo de Gobierno, facilitar el cobro de impuestos e infracciones, y su pago a los que viven fuera de la localidad, y que únicamente pasan en la villa ciertas temporadas.
La concejal de Hacienda, Ana Blasco, explica que "según el informe de Tesorería, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales marca una limitación territorial a los ayuntamientos por la que sólo podemos actuar dentro de nuestro término municipal, y esto impide que podamos reclamar el cobro a los ciudadanos de otros municipios. Con esta medida intentamos que todas las personas que están obligadas a pagarle al Ayuntamiento lo hagan".
La edil recordó que ámbito de actuación de Suma no se limita al provincial, sino que se extiende al ámbito nacional por tener un convenio suscrito con la Agencia Tributaria. "Me parece ilógico que no podamos actuar hacia personas que están empadronadas en otros municipios y es injusto que sólo podamos reclamar a los vecinos de Santa Pola".
En el mismo sentido, el portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Perelló, recordó que "Santa Pola es una localidad turística y esta medida supone un mayor control para la recaudación de las sanciones, por ejemplo. No es justo que la gente de Santa Pola sea más fácil de encontrar que los de fuera".
De esta manera, el Ayuntamiento seguirá cobrando como hasta ahora los recibos de los padrones municipales durante el período voluntario de pago, mientras que Suma se encargará de cobrarlos con recargo en período ejecutivo. "Con esta medida nos aseguramos la recaudación del principal de los recibos, sin asumir los costes de notificaciones y eventuales recursos, y evitamos que prescriban las deudas que los ciudadanos tengan con el Ayuntamiento, explicó Blasco.
