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l Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Urbanismo, vendió de forma directa y sin mediar subasta ni oferta pública 2.420 metros cuadrados de suelo edificable a la promotora del plan parcial de Benalúa Sur por un importe de 587.179 euros. Llama poderosamente la atención que con lo cobrado por el Ayuntamiento apenas se podrá comprar una vivienda en estos terrenos, pero con los metros vendidos la promotora tendrá suelo edificable para 24 viviendas, a razón de cien metros por piso. Es cierto que el suelo de propiedad municipal debía destinarse a VPO, pero también que la promotora los destinará a viviendas de renta libre.

El plan parcial de Benalúa Sur es uno de los más polémicos de los aprobados por el Ayuntamiento en los últimos años. Baste recordar al respecto la reciente sentencia del juzgado, que anula la decisión de la concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, de costear con dinero público la mitad de las obras de urbanización exterior del plan parcial, la readmisión forzosa del técnico contratado que fue despedido por no plegarse a los dictados de la Gerencia y de la Concejalía de Urbanismo, y el traslado forzoso de otro técnico por las mismas circunstancias.

Las discrepancias entre el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y los técnicos son numerosas e importantes en este polémico plan parcial que se sitúa entre la avenida de Elche y Catedrático Soler y en el que se prevén alrededor de 700 viviendas. Así, los informes técnicos indican que el suelo que la promotora, Prasa, debía ceder al Ayuntamiento en concepto de aprovechamiento supera los 5.000 metros cuadrados, pero el gerente, en un contrainforme, lo redujo a la mitad, y lo dejó en unos 2.700 metros. Hay que aclarar que en los documentos, en lugar de metros, se hace referencia a UDAs (unidades de aprovechamiento);, de tamaño similar, aunque no igual, al metro cuadrado.

De estos 2.700 metros de suelo que, según el gerente, le correspondían al Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo devolvió a la promotora 1.160 metros, para hacer frente a los costes de la parte proporcional de las obras de urbanización. En definitiva, al Ayuntamiento le quedaban en el plan parcial alrededor de 1.500 metros de suelo edificable.

Es entonces cuando Enrique Sanus negoció con la promotora y acordó que el Ayuntamiento asuma el 50 por ciento de los costes de la urbanización exterior, frente a la postura de los técnicos municipales, que insisten en que estas obras debe costearlas en su totalidad la promotora, y a los que ahora el juzgado les ha dado la razón, tras el recurso interpuesto por el PSOE.

A partir de este momento, a comienzos de 2006, el gerente inició una operación que los técnicos tildan, de la forma más suave posible, de "enrevesada", en su informe municipal. Así, el gerente también acordó con la promotora pagar la totalidad de las obras exteriores de la urbanización, que asciende a 587.179 euros, a cambio de cederle más de 1.500 metros edificables que le quedan en el plan parcial y, además, otros 800 metros de suelo situados en la unidad de actuación número 2 del plan parcial, aún pendiente de aprobar y que incluye las harineras.

Por tanto, el Ayuntamiento vendió directamente a la promotora 2.420 metros cuadrados, sin concurso ni licitación pública, por un importe de 587.179 euros, a razón de 242,36 euros el metro.

La operación no acaba aquí, de ahí lo "enrevesado" de la misma, ya que tras recibir este dinero de la promotora, el Ayuntamiento le devuelve la mitad para sufragar el 50 por ciento de los costes de la urbanización exterior del plan parcial, exactamente 293.589 euros.

El resultado final es que el Ayuntamiento ha cedido a la promotora dos parcelas de suelo edificable de 2.420 metros, en los quese pueden construir 24 viviendas de cien metros cuadrados, por menos de 600.000 euros, que es el precio que previsiblemente costará una vivienda en esta zona. Hay que tener en cuenta que aunque el Ayuntamiento estaba obligado a construir VPO, lo vende sin condición alguna, al menos en los 1.500 metros de la parcela del plan parcial ya aprobado, por lo que se prevé destinarla a renta libre.

Este periódico intentó ayer ponerse en contacto con el gerente de Urbanismo, pero Enrique Sanus no respondió al teléfono ni a los mensajes. No obstante, fuentes consultadas señalan que la venta del suelo podría justificarse porque ninguna de las dos parcelas alcanzaría el tamaño mínimo de parcela edificable. Pese a ello, la valoración que hace el Ayuntamiento resulta sorprendentemente baja.

Otras fuentes, además, recalcan que no hay norma legal que permita la operación municipal efectuada, de costear obras de urbanización con el suelo obtenido en concepto de "aprovechamiento".