H an pasado poco tiempo en el paro. Muy poco. El presidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, continúa con su política de dar cobijo en la corporación provincial a los cargos zaplanistas caídos en la batalla interna por el control del PP en la Comunidad. Y, en ese camino, el máximo responsable de la institución ha repescado como asesores a José Antonio Rovira, Rosa Ruiz Aragonés y Lola Peña Villaescusa, purgados de los puestos que ocupaban durante la pasada legislatura en la administración autonómica. Ripoll todavía no ha cubierto el cupo de asesores que tiene la potestad de nombrar en la corporación provincial.
Eran tres de los zaplanistas excluidos por Francisco Camps de listas y puestos de responsabilidad en Valencia al finalizar la pasada legislatura que aún no habían encontrado acomodo en la administración. José Antonio Rovira, uno de los hombres de confianza de Ripoll en la organización provincial del PP, ocupaba la dirección general de Personal de la conselleria de Educación. Excluido del organigrama de la Generalitat, Rovira, que podría haber optado por retornar a la Universidad de Alicante, será ahora el responsable de la gestión de recursos humanos y de la contratación de personal en la institución provincial. De esta manera, Ripoll pone a uno de los suyos al mando de un departamento que controla una plantilla con miles de contratos temporales en un mandato.
Tras su periplo en Valencia, vuelve a la Diputación Rosa Ruiz Aragonés aunque, en esta ocasión, no tendrá responsabilidades en el área de Presidencia. Ruiz Aragonés estará adscrita al departamento encargado de la gestión del Plan Provincial contra las Drogodependencias. Eso sí, la que fuera estrecha colaboradora de Julio de España durante doce años, primero en la Diputación y luego en las Cortes, lo notará en el bolsillo. Durante los últimos cuatro años, en su calidad de jefa de gabinete de la presidencia de las Cortes, el sueldo de Rosa Ruiz llegó a estar en los 90.000 euros anuales, veinte mil más de lo que percibía Francisco Camps. Ahora cobrará menos de la mitad de esa cantidad.
Otra que tampoco ha tenido que recurrir a las oficinas del Servef es Lola Peña, diputada autonómica durante la pasada legislatura y esposa del titular provincial de Cultura, Pedro Romero. Peña será asesora personal de José Joaquín Ripoll, explicaron fuentes de la corporación alicantina. Esta nómina de cargos zaplanistas que van a cobrar de la Diputación debe unirse al listado de caídos en el combate interno del PP que, como publicó este periódico, ya están instalados en los despachos del Palacio de la Avenida de la Estación.
Ya perciben un sueldo de la Diputación ex concejales como el alicantino Francisco Zaragoza, excluido de la lista de Alicante; el benidormense Ramón Campos, uno de los peones que le restaban a Eduardo Zaplana en Benidorm; o el eldense Juan Antonio Vidal; los ex diputados provinciales Ana Kringe, José María García Rodríguez y el antiguo vicepresidente José López Garrido como responsables, respectivamente, del Patronato de Turismo, de Ciclo Hídrico y de Suma; el ex director general del Institut Valencià de la Joventut y presidente de NNGG en Alicante, Marcos Alós, como gerente de los servicios de salud mental de la corporación provincial; o Ramón Martínez Piqueres, presidente del PP en Novelda.
