La falta de avances en las oficinas antiokupas y contra el aborto hace peligrar el acuerdo entre el PP y Vox en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante carga contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "bloquear los ahorros de los alicantinos" al decidir que estos "solo podrán ser utilizados para amortizar deuda". Una medida anunciada por Europa ya en 2023 y que, ahora, compromete diferentes inversiones que el PP había previsto fiar al remanente de tesorería, lo que podría poner en peligro su pacto presupuestario con Vox.

El vicealcalde y portavoz del ejecutivo local, Manuel Villar, ha asegurado que "los acuerdos están para cumplirse" y que el objetivo es poner en marcha las iniciativas acordadas antes de que finalice 2024. Sin embargo, a estas alturas del año, nada se sabe de dos de las propuestas "estrella" de la formación de ultraderecha: la oficina antiokupas y la de atención a la maternidad, que la izquierda tilda de ser "una medida antiaborto encubierta".

"Nuestra posición es hacer toda la presión posible para que el Gobierno central cambie su política en cuanto a la utilización de los ahorros de los alicantinos", ha señalado Villar, ya que "es complicado explicar a un ciudadano que teniendo dinero en el banco no lo podemos utilizar". Una justificación que no basta a los concejales de la formación de ultraderecha. El edil Mario Ortolá ha asegurado no "temer" el incumplimiento del pacto y ha respondido al vicealcalde recordando que "hay un acuerdo firmado" y advirtiendo de que "ellos verán lo que hacen".

"No nos podemos fiar"

Sobre la forma de sacar adelante las inversiones prometidas, Ortolá defiende que "tendrán que dejar de cumplir medidas del PP para poder cumplir económicamente medidas de Vox". De lo contrario, apunta el edil, "tendrán que buscar otros socios para los próximos presupuestos" porque "obviamente no nos podemos fiar de alguien que no puede dar su palabra".

Barcala cede a Vox y se compromete a no sancionar en la Zona de Bajas Emisiones para aprobar el presupuesto

En cuanto al conflicto por el uso de los remanentes, los de Abascal consideran que se trata de "un escollo inasumible que afecta", pero que no es suficiente para justificar el posible incumplimiento del acuerdo: "Exigimos que se cumplan las medidas que anunciamos y que ellos aceptaron, por lo que asumen las medidas como propias y tendrán que darle cumplimiento incluso por encima de iniciativas que ellos aprobaron en los presupuestos".

Sobre la otra gran "línea roja" de la ultraderecha en la negociación de las cuentas municipales de 2024, la Zona de Bajas Emisiones, el portavoz Villar incidió a principios de semana en que se está iniciando "la fase final" de su redacción para que pueda tramitarse próximamente. El objetivo es doble: por un lado, cumplir con los plazos del Gobierno central para que esté en vigor (después de dos prórrogas) a principios de 2025; por otro, que no incluya ningún tipo de prohibición o multa, por exigencia de Vox, pese a que el borrador impulsado por Barcala sí reconocía restricciones de acceso y sanciones.

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