Estudiantes llaman a una huelga este jueves por las políticas educativas del Consell y los "ataques" al valenciano

Las políticas educativas del Gobierno de PP y Vox en la Comunidad Valenciana han elevado el malestar de la comunidad educativa con dos huelgas convocadas en menos de un mes. La primera será este jueves, orquestada por el Sindicato de Estudiantes que ha llamado a dejar las clases sin alumnos y a acudir a una protesta a las 12 horas en la plaza de la Montañeta. El segundo paro parte de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, constituida tanto por fuerzas sindicales, asociaciones de padres y madres, como directores de centros de Infantil, Primaria y Secundaria y está prevista el próximo 23 de mayo.

El Sindicato de Estudiantes considera que la nueva Ley de Libertad Educativa "es una declaración de guerra contra la educación pública en valenciano que acabará totalmente con el uso de nuestra lengua a las aulas, y es un intento de la extrema derecha de imponer una involución franquista salvaje en los centros de estudio". El colectivo advierte de que "con la excusa de garantizar la libertad de los padres bajo la gran mentira que el castellano está marginado, con la nueva legislación las líneas lingüísticas serán determinadas por una votación entre las familias. Esto el que significa es, especialmente en las zonas castellano hablantes, que el único aprendizaje del valenciano será exclusivamente una asignatura. Es el pin parental a la lengua y no lo podemos permitir".

No es lo único contra lo que cargan los estudiantes. También critican la Ley de Concordia y alertan de la intención del Ejecutivo de Carlos Mazón de "retroceder a los tiempos donde no se podía ni hablar en valenciano, ni protestar, ni levantar la voz. Son los herederos de la España, una grande y libre".

El sindicato lamenta que estos "nuevos ataques" se suman a "una situación desastrosa en la enseñanza pública que llevamos viviendo muchos y muchos años. Innumerables institutos públicos necesitan obras de rehabilitación y acondicionamiento, falta de plazas en la FP pública, ratios disparadas, falta de profesoras y precariedad laboral". Asimismo, cargan contra el menosprecio y el recorte del Plan Edificant.

Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública

Por su parte, la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública valenciana ha fijado el jueves, 23 de mayo, una huelga general tras acordarlo ayer durante una reunión con sus integrantes para mostrar su rechazo tanto al distrito único «segregador», como a la Ley de libertad educativa y concordia «que atentan contra los derechos de la comunidad educativa», así como por el «abandono» del Plan Edificant. El parón se convoca, además, para reivindicar, mejoras en las condiciones del profesorado y de la escuela pública. 

La plataforma está integrada por la FAMPA-València, Stepv, CC OO, UGT, Escola Valenciana, CAVE-COVA, CGT, PV-M, Faavem, FEPV, SEPC,BEA, Sindicato de Estudiantes, Asociación de Directores de Primaria, Asociación de Directores de Secundaria, Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica, PV, Adide.pv, Fampa Enric Valor, Fampa Penyagolosa y Valéncia-Laica.

La nueva ley educativa de PP y Vox es el principal motivo que hay detrás de la presión social que está orquestándose. Consideran que las políticas educativas del Consell son regresivas y que "las mal llamadas leyes de libertad educativa y concordia atentan contra los derechos de la comunidad educativa y pervierten el significado de la palabra libertad".

La plataforma advierte de su indignación por "el aumento de ataques en la escuela pública y en valenciano" y por eso hacen un llamamiento a la movilización a todo el profesorado y en la comunidad educativa para exigir "los recursos necesarios para una verdadera  inclusión educativa, la mejora de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y  trabajadoras de la enseñanza como, entre otros, incrementos retributivos, reducción  de horas lectivas para docentes mayores de 55 años, supresión de la burocracia, aumento de  las plantillas y una bajada generalizada de ratios y poner fin a las masificaciones, las  agresiones y la conflictividad a la que no se da ninguna solución".

Asimismo, reclamama una "negociación seria para corregir estas situaciones de gran perjuicio para los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la educación". 

El conseller de Educación se defiende

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha mostrado su incomprensión con la huelga y con los sindicatos por estar "en contra en recuperar las notas numéricas, las notas de matemáticas, la libertad de elección de centro con el distrito único y que las familias puedan elegir la lengua base con la que educar a sus hijos". El responsable autonómico ha reconocido el derecho de los docentes a la movilización, pero ha advertido de que "los peores perjudicados son los alumnos".

El PSOE denuncia el distrito único

Paralelamente, el PSOE provincial ha cargado este miércoles contra la aprobación del distrito único para elegir colegio sin limitación de zonas. El secretario de educación del PSPV-PSOE de la provincia de Alicante, Alfonso Blazquez, ha acusado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de que “el distrito único es un paso más para crear una sociedad desigual, es la consecuencia de aplicar políticas que van en contra de la inclusión y la igualdad. Otro paso atrás al que nos va acostumbrando el PP. Esta legislatura va a ser una de las más regresivas de la historia”. Estas declaraciones las ha hecho tras conocer que el pleno del Consell ha aprobado este pasado martes el decreto de libertad de elección del centro educativo, conocido como distrito único.

 Blazquez ha señalado que “el distrito único que ahora aprueban lo visten de libertad para las familias mientras lo que esconde es segregación. No será libertad de la familia sino de los centros que podrán elegir al alumnado: habrá centros de primera y de segunda. Los centros privados ahora podrán elegir a las familias que más les interesen”.

 El secretario de educación ha afirmado que “quieren que la educación pública sea elitista y volvamos a otros tiempos. Los socialistas vamos a denunciar todas estas prácticas para que no se perjudique a uno de los pilares claves del estado del bienestar. La educación es la que nos posiciona como una sociedad moderna e igualitaria”.