Las oficinas "antiokupas" y "antiaborto" pactadas por PP y Vox en Alicante, sin presupuesto ni contenido

Ni se sabe cuánto costarán ni tampoco qué contenido tendrán. Casi un mes después de que el PP de Luis Barcala alcanzara un acuerdo con Vox para aprobar el presupuesto de 2024, que incluía cesiones a los ultras, ningún detalle se conoce de las dos entidades que se incluyeron en ese pacto a dos bandas para "impulsar un servicio para la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas" ni tampoco para la "creación de las oficinas de atención al cuidador de dependientes para atender a mujeres embarazadas con dificultades económicas, sociales o familiares", que para la oposición de izquierdas supondrán en la práctica oficinas "antiaborto". El presupuesto, eso sí, tendrá que salir de posteriores modificaciones de crédito de las cuentas municipales del año, aún pendientes de su aprobación definitiva, aunque tampoco se descarta que se empleen recursos de partidas ya vigentes.

Desde el entorno de la formación ultra prevén promover en breve los primeros encuentros con el gobierno de Barcala para empezar a ver los detalles de ambas oficinas, aunque sin tener plazos concretos. "Nosotros tenemos claros los contenidos, falta hablarlos con ellos", añaden. Por ahora poco, o nada, se sabe de esas dos figuras muy polémicas en otros municipios o comunidades donde ya se han puesto en marcha, mayoritariamente sin resultados pero con coste para las administraciones. Recientemente, se ha conocido que la oficina impulsadas en Soria y Salamanca contra los "okupas" no recibieron ninguna llamada en su primer mes de vida.

La creación de las oficinas "antiokupación" está siendo una constante en los gobiernos donde cohabitan PP y Vox o donde los populares, como en Alicante, recurren a Vox para cuestiones como aprobar los presupuestos.

De la delegada del Gobierno a las Cortes

En el acuerdo entre PP y Vox en Alicante, además de intentar luchar contra la "okupación" de viviendas, aunque sin concretar la supuesta gravedad del problema en la capital con datos oficiales, también se prevé impulsar "oficinas de atención al cuidador de dependientes para atender a mujeres embarazadas con dificultades económicas, sociales o familiares". Aunque desde Vox se niega esa intencionalidad, desde la izquierda sostienen que serán oficinas encubiertas contra el aborto. De hecho, hasta la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, se pronunció sobre el tema al anunciarse esta medida dentro de pacto presupuestario entre PP y Vox: "Están haciendo que en los territorios haya unos retrocesos que hace unos meses eran impensables y que no tienen cabida en una sociedad moderna y que mire al futuro".

Desde Compromís, por su parte, señalan que, de llevarse a cabo la medida, el alcalde alicantino, Luis Barcala, "incumplirá la Ley del Aborto actual", vulnerando derechos de las mujeres. En este sentido, la coalición presentará una iniciativa autonómica para que la Generalitat Valenciana "garantice los derechos de las mujeres a tener acceso a información sobre anticoncepción y embarazos no deseados", tal y como estipula la Ley Orgánica 1/2023, modificada el pasado año por el Congreso de los Diputados.

En contra de esta futura oficina en Alicante, este sábado, 3 de febrero (11.30 horas) se ha convocado una concentración de rechazo en la plaza del Ayuntamiento.

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