Los veterinarios advierten de que la ley de bienestar animal puede dar lugar a tasas para los dueños

Los profesionales señalan que la nueva normativa genera responsabilidades a los Ayuntamientos que no están previstas en los presupuestos actuales

Tratamiento contra las garrapatas en un perro.

Tratamiento contra las garrapatas en un perro. / Áxel Álvarez

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Este sábado se ha celebrado el Día Mundial de la Veterinaria, en plena polémica por la reciente aprobación de la Ley de Bienestar Animal, que establece numerosos cambios que afectan directamente a quienes cuentan con un animal de compañía, que en la provincia de Alicante son cerca de medio millón de personas.

Las competencias en materia de animales domésticos se encuentran delegadas en las comunidades autónomas, por lo que la normativa estatal únicamente se aplica en aquellas regiones que no han aprobado un texto propio. En el caso de la Comunidad Valenciana, la Ley de Bienestar animal acaba de cumplir un mes en funcionamiento y los veterinarios advierten de que puede conllevar grandes cargas para los Ayuntamientos, traducibles en nuevos impuestos para los dueños de mascotas.

En la provincia de Alicante existen un total de 459.135 animales de compañía registrados a 31 de diciembre de 2022, según el Registro Supramunicipal de Identificación de Animales de Compañía de la Comunidad Valenciana (Rivia). En concreto se trata de más de 400.000 perros, 50.000 gatos, 1.500 aves, 423 reptiles y más de 100 cerdos, aunque los expertos apuntan que la cifra real puede ser mucho mayor dado que hasta ahora únicamente era obligatorio inscribir a los animales de especie canina.

Sin embargo, este censo podría cambiar en la próxima revisión de la estadística, ya que la nueva normativa exige también registrar a los gatos y hurones, para poder tener un mayor control de estas especies. Además también será obligatorio en estos casos disponer de un seguro de responsabilidad.

En este sentido, las compañías aseguradoras ofrecen un servicio específico para mascotas y animales de compañía que se sitúa en torno a los 30 euros anuales de media y que sirve para cualquiera de las especies que requieren su contratación de manera obligatoria. En el caso de la provincia, cumplir con la nueva Ley de Bienestar Animal estatal podría suponer a los propietarios un total de hasta 13,5 millones de euros anuales.

Sin embargo, los profesionales advierten de que al no estar contemplada su obligatoriedad en la ley autonómica es posible que los dueños de mascotas de la Comunidad Valenciana se vean exentos de su contratación. Además, varias compañías de seguros ya incluyen este tipo de coberturas en las pólizas destinadas al hogar.

Aunque la regulación autonómica sí preocupa a los profesionales en relación con las obligaciones que genera a los Ayuntamientos así como en las repercusiones económicas que puedan tener estos nuevos requisitos en los dueños. El presidente del Colegio de Veterinaria de la provincia de Alicante, Gonzalo Moreno, advierte de que a partir de ahora las administraciones municipales deberán asumir una serie de competencias que antes no eran necesarias por ley, como la obligatoriedad de disponer de un veterinario municipal que preste servicio 24 horas al día los 365 días del año.

Un personal que únicamente existe como funcionario de plantilla en los Ayuntamientos de Alicante y Orihuela, mientras que Altea y Elche suplen su ausencia con contratos eventuales. Al margen de esta contratación, la nueva norma contempla, según señala Moreno, que los animales de compañía que no puedan ser atendidos por sus dueños o cuyos gastos no puedan ser sufragados pasarán a estar «desamparados» obligando también a los gobiernos municipales a hacerse cargo legalmente de ellos. El presidente del Colegio destaca que «no existe Ayuntamiento que tenga esta casuística recogida en su presupuesto, por lo que podrían darse numerosas situaciones de abandono si no se destinan los recursos suficientes».

Eutanasia

En cuanto a la cuestión económica, Moreno se muestra contrariado por el modo de sufragar estas nuevas competencias, ya que afirma que la ley autonómica permite la creación de tasas municipales con el objetivo de sufragar este tipo de acciones que ahora han pasado a ser responsabilidad de los ayuntamientos «para poder asumir adecuadamente sus nuevas obligaciones hace falta un presupuesto considerable, por lo que es más que posible que estas nuevas responsabilidades se traduzcan en impuestos para los dueños de las mascotas».

Otro de los aspectos que quedan en el aire, recuerda Moreno, es el del sacrificio de los animales de compañía: «El texto dice que no podrá sacrificarse a los animales en caso de que los dueños no puedan pagar su tratamiento, sin embargo, pedimos más información al Gobierno y su respuesta nos dejó más contrariados aún: dicen que la eutanasia estará justificada por la imposibilidad de sufragar los honorarios veterinarios, así que dicen una cosa y la contraria», concluye el presidente del Colegio.