El Gobierno ha obligado a rectificar al Consell en su decisión de no realizar pruebas de PCR a los ancianos que vayan a ingresar en las residencias. El Ministerio de Sanidad, tras la reunión mantenida con los representantes de las comunidades autónomas, anunciaba que los test serán obligatorios para estos casos, así como para los trabajadores de los propios geriátricos que regresen de sus permisos o periodos vacacionales. También se han introducido limitaciones en lo que respecta a las visitas y las salidas. La noticia ha sido aplaudida por las residencias, los médicos y los familiares, que habían criticado con dureza la decisión de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, al entender que podía favorecer la entrada de casos asintomáticos en los centros.
Tal y como se había venido informando, el nuevo protocolo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para la prevención del coronavirus en las residencias eliminaba la obligatoriedad de realizar una prueba de PCR a los ancianos que ingresaran en las mismas. El departamento autonómico mantenía el aislamiento de 14 días, pero suprimiendo este requisito que sí se exigía hasta la fecha.
Pues bien, esta medida, que despertó una oleada de críticas por parte de médicos, trabajadores y familiares, era borrada de un plumazo ayer por el Ministerio de Sanidad, que le enmendaba la plana a la Conselleria de Igualdad. El departamento ministerial, tras la reunión mantenida con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud, informaba que en los centros sociosanitarios o residencias de mayores será obligatorio realizar PCR a los nuevos ingresos con un decalaje máximo de 72 horas y a los empleados que regresen de su permiso o periodo vacacional.
De igual forma, se limitan las visitas a una por persona y residente extremando las medidas de prevención y con un máximo de una hora al día, escalonando la afluencia para evitar aglomeraciones. Sólo se podrán hacer excepciones en el caso de pacientes que se encuentran en el proceso final de su vida. También se limitan al máximo las salidas de los residentes en centros sociosanitarios.
La noticia ha sido muy bien recibida en el sector profesional de las residencias y entre los familiares. El presidente de la patronal Aerte, José María Toro, mostraba su satisfacción por la decisión del ministerio, en el sentido que «corrige todas las decisiones tomadas por el gobierno valenciano. Desde la anulación de los test de PCR hasta el rechazo a las pruebas periódicas como elemento de prevención, tal y como habíamos solicitado».
Toro señala que con la decisión de suprimir las PCR la Conselleria de Igualdad «estaba incurriendo en una dejación de funciones, porque estamos hablando de un tema de salud pública. Las pruebas no son un capricho, sino que tienen muchas ventajas, sobre todo en lo que respecta a la detección de casos asintomáticos».
En parecidos términos se expresaba José María Gómez-Reino, director médico de la residencia Vistasol5 de Alicante, quien subrayaba que «era una decisión que no se entendía, más allá de lo que supone de ahorro económico. Pero ya comenté en su momento que no que no se puede ahorrar cuando hablamos de vidas humanas, y que es mejor pasarse con la prevención que quedarse corto».
José Luis García, portavoz de la plataforma de familiares de la residencia de Oliver en Alcoy, destaca que «decisiones como la tomada por la conselleria se podían entender al principio cuando el virus era desconocido, pero no ahora con todo lo que ha pasado».
Sin nuevos casos
Las residencias de la Comunidad, y por extensión, las de Alicante, no registraron ayer nuevos casos de coronavirus. La única novedad es que el número de centros afectados en la provincia ha pasado de nueve a ocho, lo que implica que en uno de ellos ya no se registran contagios y se da el brote por cerrado. Aparte de los geriátricos, permanecen afectados dos centros de personas con diversidad funcional. En el conjunto de la Comunidad se superan los 100 casos de coronavirus en residencias desde finales del mes de julio, si bien Sanidad sigue sin proporcionar datos por provincias.
