La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha delegado en las residencias de mayores la decisión de realizar el test de coronavirus a los nuevos ingresos. La dirigente autonómica rechaza las críticas por la eliminación de la obligatoriedad de las pruebas de PCR y señala que pueden proporcionar una «falsa seguridad». Los casos en los geriátricos, mientras tanto, siguen creciendo, y ya se superan los cien en el conjunto de la Comunidad Valenciana desde finales del mes de julio.
Tal y como se ha venido informando, el nuevo protocolo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para la prevención del coronavirus en las residencias elimina la obligatoriedad de realizar una prueba de PCR a los ancianos que ingresan en las mismas en el momento de la entrada al centro. El departamento autonómico mantiene el aislamiento de 14 días, pero suprime este requisito que sí se exigía hasta la fecha.
La decisión ha despertado una oleada de críticas por parte de médicos, trabajadores y familiares, así como de la patronal de las residencias, al considerar que esta medida, que en su opinión está basada en un intento de reducir costes, va a incrementar el riesgo de contagios. Desde la asociación Aerte, además, se ha destacado que la valenciana es la única comunidad del conjunto de España que ha eliminado la prueba
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas continuó ayer sin ofrecer explicaciones al respecto. Quien sí lo hizo fue la consellera de Sanidad, Ana Barceló, quien delegó en los geriátricos la decisión de realizar o no el test de coronavirus.
La responsable autonómica insistió en el hecho de que la prueba de PCR es una foto fija del momento en que se practica, y que la persona en cuestión puede dar negativo «y empezar a presentar síntomas dos días después». Tras señalar que este test «no es una vacuna», no dudó a la hora de señalar que «no nos ayuda, y además puede proporcionar una sensación de falsa seguridad».
Con todo ello, subrayó que «las patronales pueden hacer lo que consideren como empresas. Si quieren hacer la prueba a quienes vayan a entrar en la residencia, las consellerias no van a decir nada. La pueden hacer perfectamente».
Barceló sí que reclamó responsabilidad a los ancianos y a sus familiares «para informar si durante las salidas han tenido algún contacto con algún contagiado por covid, para que así se pueda proceder a su aislamiento y posterior pueba de PCR».
Mientras tanto, los casos de coronavirus siguen incrementándose en las residencias. La Conselleria de Sanidad informó ayer de 11 nuevos positivos en residentes y 7 en trabajadores, lo que eleva la cifra de contagios por encima de los cien en el conjunto de la Comunidad Valenciana. En estos momentos hay positivos en 20 residencias, de las que 11 pertenecen a la provincia de València y nueve a la de Alicante. También hay casos en cinco centros de personas con diversidad funcional (uno en Castellón, dos en Alicante y dos en València), y en dos centros de menores de València.
Los geriatras dicen que las restricciones en las visitas afectan a la salud de los mayores
Advierten que el menor contacto social está causando trastornos afectivos como la ansiedad y la depresión
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología advierte que las restricciones de contacto social por el coronavirus que están sufriendo las personas que viven en residencias de mayores, y que suponen la disminución o anulación de visitas y de salidas, están teniendo consecuencias negativas para su salud.
Así, la entidad destaca que el aislamiento, máxime entre quienes ya lo han sufrido previamente, puede suponer la pérdida de anclajes afectivos y motivaciones, y por tanto pérdida de sentido de vida. La restricción del contacto social, añade, favorece la aparición de trastornos afectivos como el síndrome de ansiedad, la distimia o la depresión.
Desde la perspectiva funcional, el confinamiento y las limitaciones de movilidad asociadas al mismo, favorecen el sedentarismo y, por tanto, la pérdida de masa y función muscular, además de fragilidad. También pueden producir síndrome de inmovilidad e incrementar la incidencia de la incontinencia urinaria o el agravamiento de la misma.
Desde la perspectiva congnitiva y conductual, las restricciones de la movilidad y de relaciones sociales rompen rutinas habituales pudiendo agravar los deterioros cognitivos ya presentes, incrementando la incidencia de sintomatología conductual y de delirium.
Por ello, solicita a las autoridades sanitarias «la búsqueda permanente del difícil equilibrio entre proteger del contagio por coronavirus, el derecho de estas personas, y la posibilidad de realizar una vida lo más normal posible».
