Los geriátricos se están «aislando» contra el coronavirus, a la vista del repunte de casos que se está registrando desde mediados de julio y que ya afecta a nueve centros de la provincia de Alicante. Las residencias, en concreto, están limitando al máximo las visitas y solo permiten las salidas consideradas como imprescindibles, todo ello a la espera del nuevo protocolo anunciado hace ya tres semanas por las consellerias de Sanidad y Políticas Inclusivas. El departamento de Sanidad, con todo, se niega a facilitar la identidad de los geriátricos afectados, así como los casos que registran en estos momentos.
«Necesitamos un marco seguro para poder tomar decisiones». El presidente de la patronal valenciana de geriátricos, José María Toro, admite que existe preocupación en el sector por la tardanza del nuevo reglamento diseñado por las consellerias de Políticas Inclusivas y Sanidad. «Llevamos tres semanas parados esperando a que nos digan qué hacemos con las visitas. La normativa es la misma que hace 70 días: no tiene ningún sentido», apunta Toro, que pide que la regulación sea flexible y dote a los centros de «capacidad suficiente» para actuar en función de las circunstancias. «Vamos muy retrasados, necesitamos que la administración sea más ágil y aclare cómo hemos de funcionar en esta nueva situación», remacha.
El viernes, la consellera Mónica Oltra atribuyó el retraso de la nueva regulación (las dos anteriores semanas ya se había anunciado su lanzamiento inminente) a la aparición de nuevas circunstancias que han obligado a readaptarla. El texto debería presentarse esta semana porque, recalcó Oltra, ya estaba listo, a falta prácticamente de «maquetarlo».
Desde Aerte advierten de que la ausencia de unos criterios claros deja a las residencias que deciden por su cuenta restringir las visitas al albur de las inspecciones. Y trazan un paralelismo con lo ocurrido en los inicios de la pandemia, cuando, ante la «falta de previsión», hubo residencias que cerraron antes de la orden oficial de confinamiento y se enfrentaron a los reproches de la administración. La patronal defiende que el actual procedimiento de visitas es muy estricto y seguro y no es partidaria de suspenderlas. De hecho, llaman a potenciarlas para evitar «romper el vínculo». Sin embargo, Aerte sí pone el foco en la necesidad urgente de regular las salidas de los residentes, que pueden comportar «un riesgo elevado». La tesis es compartida por Oltra, que ya avanzó que el protocolo hará hincapié en restringir las salidas. «potencialmente más amenazador» que las visitas.
El sector de los geriátricos insiste en demandar a la administración pruebas periódicas cada 15 días en sus instalaciones para «ir por delante», facilitar la detección rápida de casos y evitar que el virus se extienda. Otro temor en las residencias ante el repunte de estos días es que no se haya reforzado lo suficiente la atención primaria. Tampoco ven claro hasta qué punto si hay un brote activo en una localidad han de restringirse o no las visitas y las salidas. Sanidad anunció que esa decisión se tomaría de manera individualizada y mediante una resolución específica tras analizar caso a caso y atendiendo a la incidencia del virus en los municipios.
En Aerte tampoco gusta el decreto de sanciones aprobado el viernes por el Consell para castigar a las residencias que infrinjan la normativa. Toro no lo ve justificado porque, a su juicio, «no ha habido infracciones muy graves y reiteradas» en los geriátricos, como ocurría con el uso de las mascarillas. En la patronal piden «no culpabilizar» a los centros de mayores y cuestionan la decisión de cambiar a dos pilares del equipo de la Conselleria de Políticas Inclusivas a las puertas de agosto: advierten de que ello puede agravar el déficit de interlocución que aseguran que existe con este departamento.
En este contexto, y habida cuenta del repunte de casos que se viene registrando desde mediados de julio, las residencias han decidido «aislarse» contra el covid por su cuenta, extremando al máximo las medidas preventivas. No se trata tan solo de los geriátricos privados, sino que en los públicos también se está actuando con suma precaución. Este es el caso de la residencia Pintor Emilio Sala de Alcoy, cuyo director, Vicente Ordiñana, señalaba ayer que «hemos limitado al máximo las visitas, impidiendo que entre cualquier persona ajena al centro que no resulte imprescindible. También vamos a limitar al máximo las salidas, porque suponen un riesgo elevado de contagios que mejor evitar». Las visitas de los familiares se mantienen con cita previa, pero con estrictas medidas de prevención e higiene. Los encuentros, de hecho, se desarrollan en el recinto exterior, o bien en habitaciones convenientemente adecuadas para ello, con una pantalla de cristal de por medio.
Donde no pueden entrar ni los familiares es, como ya se adelantó, en las residencias que tienen en estos momentos casos de covid, concretamente nueve en la provincia de Alicante, lo que supone una más que las comunicadas por la Conselleria de Sanidad en su última actualización de datos. El departamento autonómico, con todo, sigue mostrándose muy hermético a la hora de proporcionar datos sobre las residencias afectadas, toda vez que pese a la insistencia de este diario, no facilita el municipio en el que están ubicadas, ni tampoco los casos que se encuentran activos en estos momentos.
Un recuento efectuado por este diario en base a las informaciones diarias desde mediados del mes de julio, cuando se inició el repunte de contagios, sitúa el número de residentes infectados en el conjunto de la Comunidad Valenciana en cerca de 40, cifra muy parecida a la de trabajadores. No hay datos por provincias.
Lo que sí ha facilitado Sanidad es el número total de residentes contagiados en la provincia de Alicante desde el inicio de la pandemia, que asciende a 596, de los que 152 acabaron falleciendo.
En cuanto a los geriátricos con casos, hasta el momento solo han trascendido los nombres del San Francisco de Orihuela, con al menos dos casos de usuarios y bajo el control de las autoridades sanitarias, Santa Llúcia de Dénia con tres casos (un residente y dos trabajadores), y el Hogar de San José de Alcoy, con un usuario afectado.
Además de las residencias, hay dos centros de personas con diversidad funcional en la provincia que también registran contagios. Uno de ellos es el centro para enfermos de Alzheimer de Castalla, que tiene cinco usuarios infectados y trece familiares.
