La Conselleria de Sanidad ha prohibido las visitas y las salidas en las ocho residencias de mayores que en estos momentos presentan casos de coronavirus en la provincia de Alicante. El único centro que se encuentra intervenido por el departamento autonómico es el geriátrico San Francisco de Orihuela, donde al menos se contabilizan dos contagios entre los residentes. Mientras tanto, en el Asilo San José de Alcoy todos los usuarios y trabajadores han dado negativo, después de registrase un caso. La Conselleria de Igualdad, por su parte, sancionará hasta con 60.000 euros a los centros que incumplan las normas anticovid.
Tal y como se avanzó ayer, los contagios por coronavirus están volviendo a afectar a las residencias de mayores y en la provincia de Alicante ya se contabilizan casos en ocho. La Conselleria de Sanidad no ha informado de las residencias afectadas ni del número de casos. Con todo, y según ha podido saber este diario, el único centro que ha sido intervenido por el departamento autonómico para asumir el control sanitario es la Residencia de Personas Mayores Dependientes «San Francisco» de Orihuela.
La decisión la ha tomado tras confirmar al menos dos casos positivos de coronavirus entre los residentes y algún trabajador también estaría infectado. La gestión del geriátrico, que cuenta con 90 residentes, ha pasado de grado uno al dos. De este modo, la Conselleria de Sanidad envía todos los días a un médico de su departamento para revisar los datos respecto a la incidencia del coronavirus directamente. De esta manera, Sanidad se asegura un mayor control y trata de que el brote de covid detectado no siga expandiéndose al resto de residentes y de trabajadores.
El geriátrico de Orihuela, ubicado en la calle Espeñetas, está gestionado desde 2011 por la empresa Gestió Socio Sanitaria al Mediterrani (Gesmed), que ganó el concurso para la gestión de esta residencia pública. Fuentes municipales explicaron ayer a este diario que una de las residentes que dieron positivo por coronavirus estuvo recientemente con unos familiares fuera de la residencia. No obstante, al regresar, como marca el protocolo, se le realizó la prueba PCR que dio negativo, aunque se le mantuvo en cuarentena al haber tenido contacto con el exterior. No fue hasta pasada esa cuarentena cuando dio positivo en el nuevo test que se le realizó, según las mismas fuentes. Al confirmar el contagio, la residencia hizo un seguimiento a las personas con las que había estado en contacto y se detectó el positivo en al menos otro residente y en algún trabajador del centro, aunque estas fuentes no supieron precisar el número total de infectados en la residencia porque la Conselleria de Sanidad no facilita a los ayuntamientos estos datos.
Otro de los centros que se han visto afectados es el Hogar de San José de Alcoy. Según la información facilitada, una residente fue trasladada al hospital por un infarto, y tras su fallecimiento se le practicó la prueba del covid, dando a la tercera positivo con poca carga viral. Las pruebas realizadas al resto de residentes y trabajadores han dado negativo, por lo que la situación se encuentra bajo control. En la residencia Santa Llúcia de Dénia son un residente y dos trabajadores los que se han contagiado.
Con todo, la Conselleria de Sanidad ha restringido las visitas y salidas en los ocho centros con casos, tal y como se establece en el protocolo.
Aparte de los geriátricos, hay dos centros de discapacitados afectados. Uno de ellos es el centro de enfermos de Alzheimer de Castalla, que ha sido clausurado después de que cinco usuarios y 13 familiares hayan dado positivo. Una de las usuarias está ingresada en el hospital y el resto guarda cuarentena en sus domicilios.
Multas de 60 euros por faltas leves y hasta los 60.000 euros en el caso de faltas muy graves. En este baremo de sanciones ha fijado el pleno del Consell el régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención frente a la covid-19 en el ámbito de los servicios sociales valencianos, que aprobó ayer por decreto ley. El objetivo es establecer medidas que permitan a la administración de la Generalitat, también en materia de servicios sociales, afrontar con celeridad y eficacia la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores que se incoen por incumplimiento de las disposiciones dictadas por la autoridad competente para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la covid.
El decreto establece las distintas infracciones por acción u omisión tipificadas en leves, graves y muy graves La vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra descartó en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que ya se hayan detectado motivos de estos incumplimientos tan graves para imponer estas multas tan elevadas. «No se han detectado pero hay que adaptar el marco. Primero actuamos sobre la población en general, ahora es en las residencias y el próximo paso será en los centros sanitarios», ha afirmado Oltra, que ha avanzado que ya se está trabajando con Sanidad para crear otro régimen sancionador específico para los hospitales y centros de salud.
