«Robo, expolio, traición» frente al «mejor acuerdo posible» y «la mayor concesión que se ha hecho al municipalismo en la historia de la democracia». Con estos calificativos tan opuestos se tildó ayer el acuerdo con menos consenso obtenido en el mundo del municipalismo de los últimos años. Con la propuesta aprobada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el Gobierno entregará a los ayuntamientos y diputaciones una aportación de 5.000 millones, 2.000 este año y 3.000 en 2021, mientras que se queda con los remanentes municipales que devolverá en diez años, una cifra que Hacienda calcula en 14.000 millones almacenados en la gran bolsa de ahorros de las entidades locales. A partir de 2022, y durante una década, los gobiernos locales recibirán la totalidad de los remanentes cedidos y podrán utilizarlos sin incurrir en déficit.
De este modo, la «hucha municipal», fundamental para sumar liquidez y combatir la pandemia, estará en manos del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. La búsqueda de una «fórmula mágica» planteada escasos quince días después de decretarse el estado de alarma frente a la covid-19 concluyó ayer con la aceptación por parte de la FEMP de una propuesta que solo salió adelante con el voto de calidad del presidente de este organismo, el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo. Si raro es ver que la FEMP que no aprueba algún tema por unanimidad, mucho más inédito es que sea su presidente el que rompa el empate. En una junta de portavoces telemática, los 12 votos a favor del PSOE se impusieron a los 12 votos en contra de PP (con 10), Cs y Junts gracias la abstención del representante de IU-Podemos. Incluso el socio de Gobierno del PSOE, la formación que lidera Pablo Iglesias, evitó dar su apoyo manifiesto a los socialistas, a sabiendas de que el voto de calidad del presidente iba a permitir aprobar la controvertida propuesta.
Con esta decisión, el Gobierno logra uno de sus objetivos fundamentales: aumentar la liquidez. A finales de marzo, el Ministerio de Hacienda puso el foco en los ahorros del municipalismo, fijados en algo más de 4.700 millones en la Comunidad Valenciana y unos 1.600 en Alicante. El Ejecutivo «no obliga» a los ayuntamientos a ceder sus remanentes, que podrán optar por esta fórmula, por la tradicional del superávit -una variable que genera mucha incertidumbre- o por una mezcla de ambas. De los 5.000 millones en juego, algo más de 500 millones corresponden a los municipios de la Comunidad Valenciana y unos 180 a las entidades locales alicantinas.
