La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas cerró ayer sin acuerdo la primera reunión del plan para revertir la gestión de las residencias de mayores. La vicepresidenta Mónica Oltra, que estuvo acompañada por el alcalde de Alcoy, Toni Francés, comunicó a la consejera delegada de Domus Vi, Josefina Fernández, su intención de que la dirección de la residencia de Oliver en esta ciudad pase a ser pública, después de los 73 fallecidos registrados en el brote de coronavirus. La negociación, sin embargo, se anuncia complicada, aunque ambas partes se han emplazado para un próximo encuentro en el que puedan acercarse posturas.
Tal y como ya se anunció, la Generalitat tiene previsto revertir la gestión de los geriátricos, después de los fallecimientos registrados como consecuencia de la pandemia de coronavirus. La primera reunión en este sentido se mantuvo en el día de ayer, y tuvo como protagonista a la residencia de Oliver de Alcoy, gestionada por Domus Vi, que ha sido escenario del brote más virulento de la Comunidad Valenciana con un total de 73 fallecidos.
La residencia en cuestión sufrió un proceso de privatización en 2002 con un contrato de 45 años sin ningún tipo de contraprestación para las arcas públicas, más allá de la realización de una serie de reformas en el centro. Fue el entonces conseller Rafael Blasco el que privatizó un recurso que se quedó inicialmente la empresa Novaire, antes de que pasara a manos de Domus Vi.
En la reunión de ayer, y según la información facilitada, se le transmitió a la delegada de esta multinacional en España la firme determinación por parte de la Conselleria de que la gestión pase a ser pública. El argumento principal son los 73 fallecimientos registrados en el centro, además del contagio de la práctica totalidad de sus residentes.
Las fuentes consultadas destacan que Domus Vi gestiona 11 centros más en el conjunto de la Comunidad, y que en nueve de ellos también ha habido casos de contagios entre residentes y empleados. Recuerdan asimismo que en regiones como Galicia, Euskadi, Castilla y León también son los centros de este grupo empresarial los que más fallecidos han registrado.
Desde el Ayuntamiento de Alcoy, asimismo, se le trasladó a la firma las quejas de los familiares de los residentes, quienes lamentaban la falta de comunicación y empatía de los responsables del centro durante el estado de alarma y en un momento de gran preocupación para ellos.
Esta primera toma de contacto terminó sin ningún tipo de acuerdo, si bien ambas partes se emplazaron para una posible reunión más adelante, en función de las posibilidades que se encuentren de acercar posturas.
El alcalde, Toni Francés, destacaba la firme determinación existente por parte tanto de la Conselleria como del Ayuntamiento de revertir la gestión del centro. «Hay una situación de total desconfianza después de lo que ha pasado. La empresa no ha demostrado ser capaz de gestionar bien la residencia ni antes, ni durante, ni después del brote, por lo que consideramos que la gestión tiene que pasar a ser pública, aunque haya un contrato blindado de 45 años, que en la práctica son nada menos que 11 legislaturas».
El objetivo del Consell está puesto en revertir la gestión en todas las residencias cuyas instalaciones sean públicas, pero que estén gestionadas por empresas privadas. El caso de Alcoy, con todo, es el más singular, por las dimensiones de la tragedia, la envergadura y valor del inmueble, y también por la duración del contrato.
Las pruebas a la Policía de Cocentaina no detectan nuevos positivos por covid
Los análisis realizados a doce agentes tras el contagio comunicado el pasado fin de semana han dado negativo
Las pruebas de coronavirus a los que están siendo sometidos los agentes de la Policía Local de Cocentaina no han detectado nuevos positivos. De momento han sido sometidos a análisis un total de 12 policías, estando previsto que el resto, incluidos los que hace meses están de baja, los pasen hoy en sus respectivos centros de salud.
Las pruebas se están llevando a cabo después de que un agente diese positivo este pasado fin de semana. A raíz de este hecho se decidió someter a pruebas al resto de agentes y cerrar el retén hasta conocer los resultados. La Guardia Civil, mientras tanto, ha asumido la seguridad del municipio.
Aparte de las pruebas a las que están siendo sometidos los agentes, otros nueve trabajadores del Ayuntamiento han tenido que acudir a la mutua para hacerse el análisis serológico, del cual tendrán los resultados dentro de tres días. De momento pueden hacer vida normal, dado que, pese a haber tenido contacto con el agente contagiado, el riesgo de transmisión es prácticamente nulo.
El gobierno municipal, por otro lado, ha comunicado que va a emprender acciones legales contra los policías del FESEP que, según ha señalado la alcaldesa, Mireia Estepa, «están difamando y lanzando graves acusaciones totalmente falsas y no se va a permitir, ni a esta minoría ni a nadie, que se mienta más sobre este tema».
Sobre las acusaciones lanzadas por el CSIF contra las palabras de la alcaldesa por explicar que el contagio del policía se produjo en su vida privada, Estepa ha comentado que «los rastreadores de Sanidad me indicaron el sábado que el contagio de esta persona, con una alta probabilidad, tuvo lugar el domingo 26 de julio, día que no trabajó y estaba fuera de esta comarca. Por tanto, no se trata de culpabilizar a nadie, sino de aclarar a los vecinos que el pueblo no es un núcleo de la pandemia». Sobre las críticas del mismo sindicato, en el sentido de que el agente contagiado se pagó su propia prueba, Estepa dice que fue así «por no acudir al centro de salud respectivo y preferir ir a un laboratorio privado».
