La comisión que investiga el contrato de limpieza de colegios y dependencias municipales, que debía cerrarse hoy y votar las conclusiones, se ha pospuesto al 4 de septiembre para realizar este trámite. Según fuentes del equipo de gobierno, se busca aproximar posturas de cara a un dictamen conjunto pero el grupo socialista señala que "ante la imposibilidad de elaborar un informe de conclusiones conjunto, todos los grupos de la oposición nos hemos emplazado a fin de poder redactar unas conclusiones finales y de este modo, solo manejar dos informes a la hora de intentar realizar una síntesis".
Los socialistas, que impulsoraron la comisión, ha presentado un informe de conclusiones de casi 30 folios, "más del doble que el del equipo de gobierno, en un trabajo minucioso y detallado y con argumentación jurídica, en donde se revela que no se ha cumplido con el contrato y ha incurrido en numerosos incumplimientos graves de los que el equipo de gobierno del señor Barcala tiene que responder".
El PSOE considera que a pesar de ser uno de los contratos de mayor cuantía del Ayuntamiento, más de 17 millones de euros con IVA, no se ha exigido el control presencial de los trabajadores y "se ha permitido que la concesionaria no responda ante lo mismo ni a los innumerables requerimientos de información y documentación realizados por los funcionarios del Ayuntamiento". También, el PSOE denuncia que ha habido un intento de "bloqueo" por parte del PP en una maniobra que intentaba desvirtuar a la comisión, hecho que no ha conseguido a pesar de sus intentos de retrasar el veredicto sobre la actuación de esta contrata.
El portavoz socialista, Francesc Sanguino, ha responsabilizado de este del mal funcionamiento de la contrata a los dos últimos concejales del PP que han llevado este área: Israel Cortés y José Ramón González, "ya que ninguno han garantizado la correcta fiscalización de los trabajos realizados por la UTE".
El PSOE entiende que los incumplimientos de la UTE no pueden quedar impunes y que sus incumplimientos se han de valorar económicamente a fin de detraer las cantidades de las certificaciones que se sigan emitiendo o de la garantía definitiva o bien, en caso de poder llevarse a cabo, que se proceda a su valoración en horas que se prestaran en el inicio del curso escolar para garantizar la salud de los escolares y del profesorado".
"PP y Ciudadanos han realizado un informe quitándose de un plumazo cualquier responsabilidad sobre los incumplimientos, mientras que todos los grupos de la oposición en mayor o menor medida hemos detectado incumplimientos graves", señalan desde el PSOE.
