Se trata de disipar dudas sobre la autenticidad de las conversaciones intervenidas a Enrique Ortiz y a su mujer durante la investigación por los presuntos amaños del PGOUde Alicante y, en vez de recurrir a las grabaciones originales para realizar un nuevo volcado, éste se va a hacer de una copia.
La decisión la tomó el pasado viernes el tribunal de la Audiencia de Alicante que está enjuiciando este caso y contra ella han formulado protesta los representantes de la Fiscalía Anticorrupción Felipe Briones y Pablo Romero. Los acusadores públicos no entienden que los pinchazos se soliciten a la sección séptima con sede en Elche, a donde se remitió una copia desde el juzgado de Orihuela que instruyó el caso Brugal, del emana la pieza del PGOU entre otras, en vez de acudir a la grabación primigenia.
Así lo explican en el escrito en el que formulan protesta contra la decisión de la sala. Una queja que solo tiene sentido a efectos de recurso dada la firmeza del auto del tribunal que preside la magistrada Montserrat Navarro que, además de al empresario, está juzgado a los exalcaldes del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, entre otros, por revelar datos reservados del planeamiento urbano de la ciudad a cambio de regalos.
«La información de las interceptaciones llega directamente de la operadora de telecomunicaciones y se almacena en el Sistema Integrado de Interceptación Legal de Telecomunicaciones (Sitel) de manera automática. Información que se guarda en formato de solo lectura y con información de la fecha de creación del archivo», explican los fiscales, quienes agregan que se generan «dos archivos complementarios: el fichero original con el audio de la llamada y el fichero de firma que permite garantizar en sede judicial que el del audio no ha sido modificado».
Briones y Romero solicitaron a la sala un nuevo volcado de las conversaciones telefónicas intervenidas a Ortiz y a su mujer durante tres años después de que varias defensas presentaran un informe pericial, que ha sido admito, que cuestiona la autenticidad de las mismas. Los peritos hablan de «errores graves», como la falta de esa firma electrónica o el desfase entre el momento que se pinchó la conversación y el de la firma.
Los fiscales aclaran que «el sistema mantiene el archivo original en su almacenamiento central con las medidas de protección y auditoría adecuadas, es decir, que aunque se firme con retraso, es posible garantizar que el fichero original no se ha modificado». Remarcan que «la firma electrónica es una medida de seguridad adicional que facilita enormemente la verificación en la sede judicial, pero no es la única». Y concretan que «las grabaciones están en todo momento a disposición de la autoridad judicial y, en caso de pérdida, daños en el soporte óptico o el caso de duda siempre es posible realizar una grabación desde el sistema central».
La explicación de los representantes del Ministerio Público no hubiera sido tan profusa de haber acordado la sala que un funcionario de Sitel fuera citado a declarar para aclarar cómo funciona el servicio, una petición que el tribunal ha rechazado y que fue planteada por la acusación pública en respuesta a los informes periciales que cuestionan la autenticidad de las intervenciones.
La sala sí accedió a que testifique el empresario de Orihuela Ángel Fenoll, quien realizó las primeras grabaciones que dieron origen al Brugal, tal y como pedía la defensa del hermano y de un empleado de Ortiz.
La vista se reanuda el 23 de septiembre si a raiz del nuevo volcado de las intervenciones no hay nada que lo posponga.
