Un informe coordinado por el director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo, presentado ayer en la Diputación en el marco de la constitución de la nueva Comisión Provincial del Agua, advierte de que el déficit hídrico de la provincia (diferencia entre los recursos propios y la demanda de agua) alcanza ya los 493 hm³, sin tenemos en cuenta el conjunto de todos los derechos de regadío que no se atienden. Es decir, incluidas todas las fuentes de abastecimiento posibles, Alicante necesita cerca de 500 hm³ de agua al año de fuentes externas (trasvases) para garantizar su abastecimiento urbano, agrícola e industrial. Así se evidencia que los trasvases del hoy amenazado Tajo-Segura y el Júcar-Vinalopó resultan más estratégicos que nunca. El primero está en fase recorte por el Gobierno y el segundo, que debía enviar hasta 80 hm³ al año, cumplirá en diciembre dos años cerrado tras un desembolso de 450 millones de euros de dinero público.
El texto se organiza a través de dos grandes ejes: la oferta y la demanda del recurso agua en la provincia de Alicante. Para ello, se parte de la constatación del déficit hídrico que históricamente padece nuestra provincia. Se hace un balance del recurso existente y sus usos, llegándose a la conclusión de cuantificar el citado déficit en 493 hm3/año. Un déficit que provoca distorsiones extraordinariamente graves de carácter ambiental, económico y social. En síntesis, aunque todos los recursos potenciales estuvieran activados, considerando una demanda de unos 1.250 hm³/año, que tiene en cuenta las demandas actuales y las derivadas de los derechos de riego, la provincia de Alicante seguiría teniendo un déficit hídrico anual de 493 hm³/año.
El libro sintetiza, según su autor, todos los aspectos tanto de la oferta de recursos hídricos, desde los superficiales y subterráneos, a la reutilización, la desalación y los aportes por medio de trasvases, como de las diferentes demandas, urbanas y agrícolas, y los grandes sistemas de abastecimiento que son la Mancomunidad de Canales del Taibilla y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, sin olvidar la huella hídrica ni los aspectos de gobernanza e institucionales, y, todo ello, bajo el hilo conductor transversal de la sostenibilidad y el mantenimiento del medio ambiente. El libro es, por tanto, una herramienta fundamental para la toma de decisiones basadas en una información rigurosa y contrastada.
«La importancia social, económica y ambiental que tiene el agua para el conjunto de la provincia es el hilo conductor de toda la obra. Nuestro modelo de vida y desarrollo se fundamenta en la cantidad, calidad y precio del agua al que podamos acceder al recurso. Son irrenunciables los aportes externos, en especial los provenientes de los trasvases: Tajo-Segura y Júcar Vinalopó. Para que Alicante sea un territorio competitivo e inteligente precisa contar con recursos hídricos que permitan el desarrollo de todas las actividades económicas y la conservación del medio natural en condiciones adecuadas» subraya Joaquín Melgarejo.
Según el autor, ahora mismo dos amenazas inmediatas se ciernen sobre la provincia, y ambas afectan al trasvase Tajo-Segura. Por un lado, el Esquema de Temas Importantes del Tajo, que prevé un aumento de los caudales ecológicos en el Tajo, que irán en detrimento de los potenciales trasvases al Segura, y, por el otro, el reciente informe del Cedex , que aconseja la posibilidad de modificar la regla de explotación del trasvase, proponiendo la reducción en el nivel 2 de 38 hm3 a 27 hm3, cuando los embalses de cabecera del Tajo superen los 600 hm³. Estas amenazas, de cumplirse, significarían, según Melgarejo, una reducción superior a los 100 hm3/año.
Los 314 hm3, que de media se han recibido en estos 40 años, podrían verse reducidos a unos 214 hm3. Más del 60% de la superficie regada de la provincia lo hace con aguas del Tajo.
Por otro lado, la Diputación acogió ayer la sesión constitutiva de la Comisión Provincial del Agua en la que se integran 46 representantes de distintas administraciones, entidades y sectores hídricos del territorio. Velar por los intereses de la provincia en materia de agua es el principal objetivo de este órgano, al que, sin embargo, han rechazado sumarse, por primera vez, las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y el Segura, así como la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y el Ministerio de Transición Ecológica, entidades, estas dos últimas, que ni siquiera han respondido a la invitación para participar en esta mesa técnica.
El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, a su vez presidente de la comisión, subrayó que «esta mesa es un ente abierto al diálogo y al encuentro con mucho trabajo por delante para velar por los intereses hídricos de la provincia. Mantenemos la puerta abierta al diálogo y al encuentro para que los organismos ausentes reconsideren su postura».
La comisión está integrada por once diputados, ocho vocales designados por el presidente, tres expertos de reconocida cualificación en materia de agua, cinco representantes de las comunidades de regantes o juzgados privativos de agua, siete alcaldes y dos representantes de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Ausencia destacada, el movimiento ecologista.
Los agricultores amenazan con tomar las calles
La organización agraria Asaja-Alicante, Jóvenes Agricultores, reclamó ayer al Gobierno la marcha atrás inmediata en la decisión de recortar el trasvase Tajo-Segura modificando las reglas de explotación, tal como tiene decidido el Ministerio para la Transición Ecológica, sin esperar, siquiera, a que terminen de redactarse los nuevos planes de cuenca del Tajo y el Segura, donde debe fijarse la disponibilidad de agua. Asaja amenaza con llevar las protestas a las calles. El anunciado recorte del trasvas supone, según Jóvenes Agricultores, «robar 11.000 millones de litros al sureste peninsular. Por si fuera poco, quieren sustituir la rebaja en los aportes por el agua desalada, recurriendo una vez más a las bravas con la temida y rechazada cláusula Narbona, con la que llevan más de 15 años insistiendo para hacer negocio, pero que es inviable para la agricultura», denunció el presidente de la organización, Eladio Aniorte, en un comunicado.
