En un auto contra el que no cabe recurso el tribunal de la Audiencia de Alicante que está juzgando los presuntos amaños del PGOU de la ciudad ha accedido a la petición de los fiscales Felipe Briones y Pablo Romero de que se proceda a un nuevo volcado de las conversaciones intervenidas a Enrique Ortiz y a su mujer en el marco de este proceso para disipar dudas sobre su autenticidad. Son cerca de 50.000 en el terminal del empresario y casi 20.000 en el de su esposa durante los tres años que los tuvieron interceptados.
Unos pinchazos que son la principal prueba de cargo de este proceso y cuya nulidad también habían reclamado por falta de motivación las defensas durante las tres jornadas que han ocupado las cuestiones previas de un juicio que se reanuda el 23 de septiembre. El tribunal presidido por Montserrat Navarro y compuesto por las magistradas Cristina Costa y Margarita Esquiva no ha estimado esta petición, que resolverá en sentencia al igual que el resto de las supuestas vulneraciones de derechos planteadas. Pero sí ha aceptado junto al nuevo volcado los informes periciales presentados por la defensas de Ortiz, Alperi y los abogados de Salvetti que cuestionan su legalidad por «defectos graves».
Una cuestión de tiempo
A la admisión de esta pericial se opusieron las acusaciones por extemporánea, aunque el hecho de que el abogado de Ortiz, Francisco Ruiz Marco, hubiera hecho un impugnación expresa de las escuchas en su escrito de defensa, fechado el 4 de mayo del 2018, ha permitido vencer el contratiempo temporal.
En esta causa se investiga la supuesta revelación de datos reservados del planeamiento al empresario por parte de los exregidores del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo a cambio de prebendas como viajes y un Mini. Junto a ellos están acusados los dos socios del bufete Salvetti, uno de ellos hermano de la excaldesa, un hermano y dos empleados de Ortiz y el empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda, el único que ha confesado que pagó para que le recalificaran unos terrenos.
Ortiz, su hermano y uno de sus empleados también admitieron los hechos a cambio de una rebaja en la pena pero después se retractaron a raiz de que un tribunal de la Audiencia en Elche anulara en otro proceso las intervenciones telefónicas de las que emanan todas las piezas del caso Brugal, una de ellas la del PGOU.
La sala da luz verde a todas las testificales propuestas por las partes, excepto a la planteada por Anticorrupción de un funcionario de Sitel, el sistema de interceptación de las comunicaciones, para que explicara su funcionamiento, lo que las magistradas no han considerado necesario.
Sí testificará Ángel Fenoll, el empresario de Orihuela cuyas grabaciones dieron origen al caso Brugal, como había pedido Alejandro Bas, abogado del hermano y de uno de los empleados de Ortiz. Un testimonio con el que se busca probar de ilicitud de estas pruebas. Entre las testificales admitidas también se encuentra la del abogado urbanista Rafael Ballester solicitada por la defensa de Ortiz.
No a los recortes de Prensa
El tribunal da por buenas las documentales, entre ellas la aportada por los abogados de Castedo, como son la sentencia de la Audiencia en Elche que absuelve a los 34 acusados de una de las piezas de Brugal, la de los supuestos amaños en la contrada de las basuras de Orihuela, y los autos de archivo de las presuntas irregularidades en el Plan Rabasa. Pero rechaza de plano que se incorporen a la causa los recortes de Prensa que llevó ante la sala José María López Coig, el abogado del Ayuntamiento, como prueba de la repercusión que el caso del PGOU tuvo en la sociedad de Alicante.
El tribunal considera legitimadas a esta acusación y a la popular, que se ejerce en nombre de EU, por lo que las mantiene en la causa haciendo oídos sordos a la petición de una de las defensas, la de los abogados del bufete Salvetti, para que fueran expulsadas.
Las acusaciones particular y popular continúan en la causa
La falta de perjuicio invocó la defensa de los socios del bufete Salvetti, el penalista Bernardo de Rosal, para solicitar la expulsión de la causa del PGOU de las acusaciones particular y popular que en nombre del Ayuntamiento de Alicante y de EU ejercen los letrados José María López Coig (en la imagen de la izda) y José Luis Romero (dcha) respectivamente. Ambos rebatieron este argumento y citaron el 1,3 millones en que el Consistorio ha cuantificado el daño. El tribunal ha acordado que sigan en el proceso.
Las cifras
13Los DVD analizados
Los informes encargados por las defensas de Enrique Ortiz, Alperi y los abogados de Salvetti se han realizado sobre un total de trece DVD, diez con conversaciones interceptadas en el móvil del empresario Enrique Ortiz y tres en el terminal de
su mujer.
49.148Conexiones interceptadas a Enrique Ortiz
Son casi 50.000 las conexiones realizadas por Enrique Ortiz a lo largo de los tres años que tuvo el teléfono intervenido en el marco de este proceso. Las conversaciones grabadas a su mujer rondan las 20.000.
