A Jorge Rabasa, actual fiscal jefe de Alicante y candidato a la reelección, le preocupa compaginar el reparto de los asuntos que entran en la Fiscalía con la especialización por áreas mientras que su compañero Felipe Briones apuesta porque la lucha contra la corrupción sea un objetivo común de toda la plantilla, sin compartimentos estancos. Una tarea que, en su opinión, debe impulsar quien esté al frente del Ministerio Público en la provincia, puesto al que también aspira.
Ambos planteamientos están recogidos en los planes de actuación (los proyectos que quieren desarrollar) de los dos fiscales que analizará el consejo fiscal, el órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado que la próxima semana decide cuál de los dos candidatos regirá los destinos de la Fiscalía de Alicante durante los próximos cinco años.
Rabasa lleva al frente del departamento desde 2014, después de que la renovación se haya pospuesto más de un año por la interinidad del Gobierno primero y la pandemia después. Briones es el delegado en la provincia de la Fiscalía contra la corrupción y la criminalidad organizada desde hace más de tres lustros, tarea con la que cuenta con su colega Pablo Romero.
Planes de actuación
A estos proyectos programáticos los dos candidatos han adjuntado sus respectivos curriculums y, tal y como establece la normativa del concurso, los informes de sus superiores inmediatos: el de la fiscal superior del TSJ, Teresa Gisbert, en el caso de Rabasa, y el del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el del propio Rabasa en el de Briones.
Fruto de su experiencia desde 2004 en Anticorrupción, Briones parte de la premisa de que todos los delitos relativos a esta materia han de ser especialmente perseguidos desde la Fiscalía provincial por tratarse Alicante de una provincia especialmente aquejada por ellos y donde hay ámbitos y zonas de impunidad en las que no se ha podido actuar hasta ahora con la contundencia necesaria.
Impulsar la lucha contra estas actuaciones haciendo partícipe a toda la plantilla (en la provincia la componen 101 fiscales) no solo es uno de los objetivos que se marca Briones sino que sostiene que ha de hacerse desde la jefatura. Para ello plantea potenciar la coordinación entre ésta, las distintas áreas (Alcoy, Torrevieja, Benidorm-Dènia, Elche-Orihuela, Villajoyosa, Elda, Villena, San Vicente, Novelda e Ibi) y la Policía Judicial, designar un coordinador por área y asegurar que sea el mismo fiscal que ha estado en la instrucción de la causa el que vaya después al juicio.
El línea con el volumen y la complejidad de estas macrocausas, Briones expresa también su preocupación por los sobreseimientos y las sentencias absolutorias fruto de una deficiente instrucción. Como solución plantea un sistema de supervisión periódica de modo que se controle el todo momento el recorrido de las diligencias pudiéndose subsanar los posibles fallos que después invalidan condenas.
En el caso de las intervenciones telefónicas, determinantes en muchas de las causas de corrupción como prueba de cargo y caballo de batalla entre las partes, (como es el caso de los presuntos amaños en el PGOU de Alicante que se está juzgando en estos momentos con Briones y Romero como acusadores públicos), el candidato a la jefatura plantea la conveniencia de que, cuando se solicite un pinchazo, los fiscales hagan constar en sus dictámenes al instructor los requisitos que tiene que cumplir el auto que dicte y verificar que es correcta su fundamentación jurídica.
Y, entre otras propuestas, saca también a colación la figura del fiscal instructor en el sentido de no limitarse a actuar cuando lo requiera el juez sino siendo proactivo reclamando las diligencias para examinarlas e impulsarlas si se considera preciso.
Continuidad
Rabasa, en la jefatura de la Fiscalía desde 2014, apuesta por la continuidad que tan buenos resultados le ha dado en las inspecciones. En su plan de actuación destaca la necesidad de impulsar las secciones especializadas, sobre todo delitos económicos y cooperación internacional, de la que él se ocupó durante años, y el fomento de las conformidades (la admisión de los hechos por parte del acusado a cambio de una rebaja en la pena), tal como se comenzó a practicar en la Fiscalía de Elche y se ha hecho más necesario tras la parálisis por la pandemia. Una situación, la del confinamiento, en la que se apoya para plantear la imprescindible unificación de los sistemas informáticos de modo que sea posible de verdad el teletrabajo.
Partidario de las juntas de fiscales para unificar criterios y de involucrar a las áreas territoriales, Rabasa apuesta también por una oficina judicial con una organización por especialidades pero de modo transversal.
