El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha dictado una resolución recordando a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública su deber legal, como empleador, de proteger al personal laboral a su servicio. Además, insta a Sanidad a garantizar el derecho a la salud de los trabajadores de todos los centros sanitarios, socio-sanitarios o sociales -públicos y concertados- dotándoles de los equipos de protección individual adecuados por la exposición al virus y el riesgo de contagio de la Covid-19.
Así se ha pronunciado el Síndic tras cerrar la investigación de una queja presentada a finales de marzo por el presidente autonómico del Sector Sanidad de la Comunidad Valenciana del sindicato CSIF, quien denunciaba que desde el pasado 31 de enero había dirigido varios escritos a la Conselleria de Sanidad en los que solicitaba medidas de protección a los trabajadores de instituciones sanitarias en relación a la pandemia Covid-19 como mamparas acristaladas separadoras y EPIs, al igual que información de los pasos a seguir y protocolos.
El sindicato también manifestaba que había informado de la carencia de guantes, mascarillas quirúrgicas, FPP2 y FPP3 y desinfectante, sin haber recibido respuesta expresa de la administración sanitaria a ninguno de sus escritos.
El Síndic concluye que es un hecho notorio que existió una situación de desabastecimiento desde los primeros instantes de la pandemia, pero lo cierto es en el informe remitido a la institución la Administración no acredita haber respondido, no ya con la información reclamada directamente por el autor de la presente queja, sino tampoco con la identificación de las medidas concretas y el suministro de los EPIs destinados a proteger a los profesionales del ámbito sanitario denunciado por este colectivo.
De hecho, el personal sanitario ha desarrollado su trabajo bajo la existencia de un riesgo grave para la salud, por su exposición al agente biológico Covid-19, propiciado por la escasez de EPIS. Dicho riesgo se ha materializado en un alto índice contagios entre el personal sanitario, con mayor incidencia que el resto de la población.
Sin poner en duda los esfuerzos de la Conselleria, así como las dificilísimas circunstancias del aprovisionamiento de material que se ha ido llevando a efecto, el Síndic echa en falta que Sanidad hubieran hecho constar en su informe los concretos suministros de EPIs, tal y como reclamaba el autor de esta queja.
Asimismo, Luna, destaca el hecho de que seguimos en una situación delicada desde el punto de vista de salud pública, con nuevos rebrotes en la Comunidad Valenciana, a nivel nacional e internacional, lo que obliga a extremar los riesgos probables que se deriven de esta situación. "La normativa de prevención de riesgos laborales impone la obligación legal a la Administración, como empleadora, de proteger a los trabajadores, lo que conlleva necesariamente también la obligación de dotarles de los medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo con las mínimas e imprescindibles condiciones de seguridad para su salud. De no hacerlo, sin que resulte justificada tal conducta, infringe la normativa de prevención de riesgos laborales, pero además ello conlleva poner en peligro a los trabajadores, que quedan expuestos a un riesgo grave para su salud previsible, evitable o minimizable, pudiendo incluso lesionarse la vida", señala el Síndic.
