El Sindicato Médico ha pedido que se indemnice a cerca de 300 médicos de la provincia de Alicante por contagiarse de coronavirus o trabajar sin protección frente al virus. El juzgado de lo Social número 5 de Alicante acogió ayer el juicio derivado de la denuncia que interpuso el sindicato contra la Conselleria de Sanidad por la falta de material de protección durante la pandemia.
Para fijar las indemnizaciones, los denunciantes ha establecido cuatro categorías en función del tipo de perjuicio ocasionado a las víctimas: si ha estado contagiado y en una Unidad de Cuidados Intensivos, si se ha infectado del virus y ha pasado la enfermedad en su casa, si se ha visto obligado a hacer cuarentena y aquellos médicos que han trabajado sin la debida protección. Los demandantes piden indemnizaciones que pueden llegar a los 800.000 euros recogidas en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social.
En la vista celebrada ayer, el abogado del Sindicato Médico, Guillermo Llago, señaló que la Conselleria de Sanidad reaccionó tarde en la compra del material necesario para la protección de sus trabajadores y aportó documentación de mediados de marzo en la que se refleja la falta de stock de determinados productos, como son mascarillas FPP2, batas o máscaras con visera. Los denunciantes también sostienen que en caso de haber material «este se encontraba bajo llave», lo que llevó «a que más que un uso racional de este material parecía un racionamiento de cartilla de postguerra».
También sostiene el Sindicato Médico que no hay constancia por escrito de que los trabajadores de hospitales y centros de salud hayan recibido formación o información sobre cómo protegerse frente al virus.
Por parte de la Generalitat Valenciana, el abogado Pedro Pacheco alegó que el personal sanitario sí recibió instrucciones sobre cómo protegerse frente al virus desde el 5 de febrero. Asegura que durante los meses de la pandemia se han ido celebrando diferentes acciones formativas «a los que asistieron 16.994 trabajadores de manera presencial». También señaló que celebraron hasta 483 reuniones departamentales para el abordaje de estas medidas. El abogado también aportó documentación sobre la compra de material que se efectuó entre enero y abril, entre ellos los incluidos en los expedientes de declaración de emergencia.
Por parte del Sindicato Médico declaró como testigo una médico del SAMU, quien señaló que no recibieron cursos de formación sobre cómo protegerse frente al virus y que se organizaban «según la información que íbamos obteniendo de grupos de wasaps o de recomendaciones que se hacían en otros hospitales. Pardo señaló que carecían de material suficiente para protegerse. Esta médico contrajo la enfermedad, que pasó en su domicilio, hasta que fue dada de alta a los 20 días. A su vuelta, según señaló, «había algo más de material, pero no es suficiente, ya que nos daban una mascarilla FPP2 y nos decían que sólo se podía usar con pacientes confirmados de covid, cuando en aquel momento no había ninguno puesto que no se hacían PCR».
Por parte de la Generalitat acudió como testigo un técnico jurídico del Hospital General de Alicante, quien señaló que en este centro sanitario «no ha habido escasez de material». Otra cosa, añadió el testigo, «es que se hiciera un uso racional de este material». Para cada tipo de procedimiento, defendió, y en función del riesgo se establecía qué tipo de material utilizar. Tras escuchar a los abogados de ambas partes y a los testigos, el juicio quedó ayer visto para sentencia.
