La suerte ya está echada para las tres acusaciones y las defensas de los nueve acusados de amañar la última revisión del planeamiento urbano de Alicante, entre los que se encuentran los exalcaldes del PP de esta ciudad Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y el empresario Enrique Ortiz, entre otros. Ayer, en la tercera y última jornada que se dedicaba a las cuestiones previas de un juicio cuya reanudación está señalada para el próximo 23 de septiembre, las acusaciones defendieron la validez de una instrucción judicial cuestionada hasta el agotamiento por los abogados de los encausados a lo largo de la investigación y en las dos sesiones anteriores.
La pelota está ahora en el tejado del tribunal presidido por la magistrada Montserrat Navarro quien, en un auto que probablemente será notificado a las partes antes de concluir este mes, responderá a las peticiones de nulidad expuestas por las defensas. Unos planteamientos que ayer rechazaron en bloque tanto los dos fiscales anticorrupción Felipe Briones y Pablo Romero como las acusaciones particular y popular que en nombre del Ayuntamiento de Alicante y de EU ejercen José María López Coig y José Luis Romero, respectivamente.
Ninguna duda alberga la bancada de las acusaciones sobre la legalidad de las intervenciones telefónicas, la principal prueba de cargo, caballo de batalla de este proceso y «el medio idóneo para conseguir el fin investigador», según precisó Briones citando un auto judicial. Para el fiscal, lo realmente importante es el contenido de las conversaciones, no si los soportes en que se grabaron carecen o no de firma electrónica, lo que calificó «mito». A ellos se agarran varias defensas para pedir que se invaliden en un informe pericial que las acusaciones reclaman que se rechace por extemporáneo.
Briones arrancó su intervención con toda una declaración de principios. «Lo que pretendemos es la búsqueda de la verdad», espetó a la sala antes de explicar que las supuestas irregularidades del PGOU surgieron como un «hallazgo casual» mientras se investigaba la adjudicación del plan zonal de la Vega Baja, por lo que tenía todo el sentido que fuera el juez de Orihuela el que autorizara los pinchazos a Ortiz. Las defensas mantienen que la competencia era de Alicante y que Anticorrupción mantuvo en asunto en la Vega Baja haciendo trampas para que no corriera la misma suerte que el del plan Rabasa, que se había archivado en un juzgado de Alicante. El fiscal relató que lo que se investigaba era «la existencia de supuestas infracciones penales cometidas por Ortiz en relación al acceso torticero a la contratación pública» y que después se dividió la investigación en cerca de una veintena de causas y se remitieron a sus respectivos juzgados.
En cuanto a los pinchazos, su compañero en Anticorrupción indició en que no se había concretado por las defensas la supuesta manipulación de las conversaciones y en que nadie, salvo el abogado de Ortiz y de un modo genérico, había planteado objeción alguna durante la instrucción. «Se puede dudar de su eficacia probatoria, no de su legalidad», concretó.
Tampoco ven los fiscales indefensión alguna en que Castedo y Alperi no fueran llamados a la causa hasta que, por el aforamiento de los entonces políticos, se remitió al Tribunal Superior. Se hizo lo que marca la ley, vinieron a decir.
La intervención del abogado que representa los intereses del Ayuntamiento estuvo precedida por la aportación de unos recortes de Prensa en los que apoyó su afirmación de que si se acabó resolviendo el contrato de la redacción del PGOU fue por las sospechas de corrupción. Además, el letrado afeó a las defensas que plantearan cuestiones de nulidad basándose en la legislación actual en vez de en la que estaba en vigor cuando se instruyó este proceso. Y, frente a la petición de que sea expulsado de la causa, López Coig ratificó la condición de perjudicado del Consistorio, que cifró en 1.339.246 euros el costo que a las arcas públicas supuso la tramitación fallida del planeamiento.
Por la acusación popular, José Luis Romero recordó que lleva personado en la causa desde 2011, que ninguna defensa en este tiempo le había podido reprochar nada y que es evidente que la ciudad sufrió un perjuicio con el planeamiento fallido. Defendió que no se sustrajo la competencia para investigar el PGOU a ningún juez y la corrección de los autos que autorizaron los pinchazos.
En el receso, juntos pero no revueltos
Tras la frialdad del primer día y el repentino acercamiento del segundo, ayer la aguas volvieron a su cauce y las relaciones entre el exalcalde Luis Díaz Alperi y quien fuera su pupila y sucesora, Sonia Castedo, no fueron más allá del saludo de rigor. En el receso de la sesión, aunque coincidieron en el momento que recoge la imagen, cada uno se fue por su lado. Las acusaciones se han opuesto a que Alperi declare cuando ya lo hayan hecho acusados y testigos, como ha pedido su defensa.
