El doble discurso sobre los asesores no es nuevo, pero parece que va a ser eterno. Cambian las caras, los colores, pero no los hechos. Tampoco las excusas. Siempre igual. Mis asesores son necesarios, casi imprescindibles para gobernar, para sacar adelante la gestión; los de los otros, accesorios, un coste más que superfluo, enchufismo para colocar a los desocupados.
Así, cuando un partido está al frente de una administración, lo que le da la llave para engrosar su personal de confianza casi a su antojo (con el único límite que marca la ley), no duda en buscar explicaciones peregrinas para intentar justificar la necesidad de contratar a más y más asesores para su labor de gobierno. En Alicante, pasó con el tripartito y ahora pasa con el bipartito. En la Comunidad, sucedió con los gobiernos del PP y ahora sucede con el Botànic.
De vuelta a la capital, tal vez, la principal novedad entre entonces y ahora es el escenario: la crisis socioeconómica derivada del coronavirus, lo que ha generado incredulidad (incluso en el propio seno del ejecutivo) y un mayor enfado entre el funcionariado por la decisión del ejecutivo de Barcala.
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Y es que justo un día después de aprobar un ajuste en el Presupuesto de 2020 para poder asumir un primer paquete de medidas sociales y económicas contra las consecuencias del coronavirus, el bipartito decidió ejecutar una ampliación de asesores que se barruntaba desde hacía tiempo, pero que nadie esperaba en unos momentos tan críticos para tantos alicantinos: cinco nuevos sueldos a repartir entre el PP (dos) y Cs (tres). Vista la distribución, resulta innecesario explicar de dónde surgieron las principales presiones para destinar 248.000 euros más al año para ampliar el personal de confianza, elevando el coste total por encima del millón de euros. Y eso que aún quedan dos «plazas» vacantes para completar un máximo legal (29 sueldos) que también se bordeó en la etapa del tripartito.
El argumentario, como admiten desde el propio bipartito, no podía ir más allá de donde ha ido. Lo injustificable no resulta fácil de explicar. La vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez Mari Carmen Sánchez(Cs), «regresó» a ejercer de portavoz del bipartito (en un año en el que su presencia sorprende más que su ausencia en las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Gobierno semanal) para defender el aumento de asesores. Ahí es nada. Al dar cuenta de los acuerdos de la reunión previa, intentó pasar de puntillas por el tema, leyendo rápido, casi sin respirar. Pero no coló, así que tuvo que remangarse para intentar explicar -a preguntas de los medios- que el gobierno local, que busca dinero bajo las piedras para financiar tantas necesidades imprevistas por el covid, fuera a destinar 124.000 euros en lo que resta de año para habilitar cinco sueldos más de un personal contratado a dedo. «Es un momento decisivo, hemos detectado la necesidad de incrementar el trabajo en áreas como Económica y Asuntos Sociales. Necesitábamos incorporar a tres personas y revisar las dotaciones de los asesores que estaban trabajando, porque trabajan y trabajan muchísimo. Ante la cantidad de trabajo que esta pandemia nos ha puesto encima de la mesa, creíamos que era justo», afirmó la concejala.
Ese discurso, en cambio, choca con las palabras que no hace tanto pregonaba el líder autonómico de la formación naranja, Toni Cantó, que pedía al Botànic por activa y por pasiva que redujera la cifra de sus asesores, que hiciera un «ERTE político», que diera «ejemplo» como el resto de valencianos ante el inesperado contexto por el covid. Una nomina que sigue invariable. Ayer, a preguntas de este diario, Cantó no dijo ni palabra sobre el aumento de asesores en el bipartito de Alicante, remitiéndose a lo «dicho» en el Ayuntamiento.
En el otro socio de gobierno local, más de lo mismo. La presidenta regional del PP, Isabel Bonig, también cargó con fuerza contra el ejecutivo de Ximo Puig por la nómina de asesores del Consell, acusando de «enchufismo» y proponiendo una ley que acabe con el «despilfarro público». Sobre Alicante, obviamente, ya no piensa lo mismo: «Pedimos a todas las administraciones que establezcan prioridades en un momento tan complicado. Todo nuestro apoyo al alcalde que, desde el principio, ha sabido cuales eran las prioridades de sus conciudadanos. No se trata de más asesores, se trata de una medida para ajustar las disponibilidades de los asesores».
Cuatro años atrás, cuando la izquierda (el PSOE, la marca de Podemos y Compromís) dirigía el gobierno local de Alicante y la derecha era la que penaba en la oposición, los discursos eran los mismos, pero cruzados. Nada nuevo.
