Corregir los errores que cometió la magistrada que presidía el jurado popular y que perpetuó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) al confirmar la absolución de Miguel Lópezdel asesinato de su suegra, la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala Es lo que solicita al Tribunal Supremo Francisco Ruiz Marco, abogado del hijo mayor de la víctima, en el recurso de casación que ayer interpuso, y en el que pide que se repita el juicio con todas las garantías de las que, argumenta el letrado, ha adolecido el proceso evitando al mismo tiempo que estas irregularidades vuelvan a repetirse.
El prolijo recurso elaborado por Ruiz Marco será el único al que tenga que dar respuesta el alto tribunal después de la que Fiscalía, que sí apeló ante el TSJ, haya desistido en esta ocasión de hacerlo, aunque eso no excluye que pueda adherirse al acusador particular.
En una sentencia notificada la víspera de decretarse el estado de alarma el TSJ validaba la resolución de la Audiencia de Alicante que absolvía a López de la muerte a tiros de María del Carmen Martínez, ocurrida el 9 de diciembre de 2016 en el negocio familiar que él regentaba. El máximo órgano judicial de la Comunidad dio por buenas todas las actuaciones de la presidenta del jurado, la magistrada Francisca Bru, de quien tanto el fiscal José Llor como el acusador particular cuestionaron su imparcialidad. Además del modo en el que devolvió un primer veredicto, que por 7 votos a 2 declaraba culpable al acusado, y la posterior destrucción de ese acta, que ninguna de las partes llegó siquiera a ver.
En la resolución del TSJ, de la que fue ponente la magistrada Pía Calderón, se admitía que hubiera sido «deseable» que el veredicto rechazado se hubiera incorporado a las actuaciones, consideraba «innecesarias» algunas de las expresiones de la magistrada Bru al devolvérselo al jurado, como cuando dijo «este acta es mía», pero veía «desproporcionado» anular el juicio. Y sobre la audiencia previa a la devolución y sin presencia del jurado que la ley establece y que las acusaciones sostienen que no se produjo, el TSJ se despachó con un «se quiera o no se quiera, sí que la hubo» considerando un «formalismo excesivo» el matiz de que en esa vista los miembros del tribunal estuvieran presentes cuando no debían estar.
Esa audiencia, la destrucción del acta y las indicaciones de Bru a los jurados son los tres pilares sobre los que Ruiz Marco concentra los motivos de su recurso. Sostiene el letrado de Vicente Sala que «diluir la garantía de la audiencia previa hasta dejarla vacía de contenido (...) generó un perjuico real y efectivo (indefensión) a las partes que cuestionaron la devolución del acta», es decir, a las acusaciones. Eso además de que no se puede alegar sobre lo que no se conoce, en alusión a la imposibilidad de que las partes hubieran planteado objeciones en la audiencia en la que se rechazó ese primer veredicto porque desconocían su contenido.
Un acta que no ha podido ser analizada ni por las acusaciones ni por la defensa ni por el TSJ porque se destruyó. De haberse unido a las actuaciones, precisa el abogado, «la nulidad y la repetición del juicio no había sido una consecuencia irremediable». Solo así se podía haber fiscalizado evitando que la decisión de Bru fuera «un acto discrecional y exento del ineludible control judicial», como resultó siendo.
El acusador plantea también que las indicaciones de la magistrada a los jurados, como cuando les pidió que valoraran los contraindicios, torcieron la voluntad del tribunal. Y que todas estas actuaciones fueron avaladas por el TSJ, lo que hace imprescindible que el Supremo se pronuncie.
