Tramitar más de tres millones y medio de prestaciones en apenas tres meses no ha sido nada fácil para el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE). A la carencia de personal que arrastraba el organismo por la falta de reposición de funcionarios de los últimos años, se sumó el cierre físico de las oficinas, lo que obligó al personal a adaptarse a marchas forzadas al teletrabajo. Hubo que tomar decisiones para aligerar el proceso y una de ellas fue que se reconocerían las prestaciones sin tener en cuenta el número de hijos de los beneficiarios -a no ser que el SEPE ya dispusiera de la información, por prestaciones anteriores- para que todo el mundo pudiera cobrar lo antes posible, aunque fuera menos de lo que le correspondiera.
La intención era que, cuando pasara la avalancha, el propio SEPE se encargaría de regularizar esta situación y compensar a los afectados con las cantidades correspondientes. Sin embargo, la realidad es que, a día de hoy, la inmensa mayoría de los trabajadores con hijos a su cargo siguen sin tener noticias de este dinero. «Todo lo que dicen es que lo harán cuando hayan acabado de reconocer todas las prestaciones, pero de momento no sabemos más, y lo cierto es que aún hay gente que no ha cobrado nada y ERTE que no se han resuelto», se lamentaba ayer la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Alicante, María Antonia Oliva. En otras palabras, que, aunque haya pasado lo peor, la situación del organismo público sigue lejos de la normalidad. «El servicio está saturado todavía. Ha habido muchos errores en la presentación de los expedientes y la tramitación de muchos de ellos se ha complicado», apuntaban ayer desde el sindicato CSIF. Unos errores que, desde las asesorías, atribuyen a la falta de comunicación y de directrices claras por parte de la Administración, que también está complicando, según explica María Antonia Oliva, el rescate de los trabajadores para reincorporarlos a la actividad.
Sea como fuere, lo cierto es que la mayoría de padres siguen sin cobrar y la diferencia no es menor. En el caso de un trabajador sin hijos la prestación máxima que abona el Estado es de 1.098 euros brutos mensuales, cifra que asciende a 1.254 euros, si se tiene un hijo a cargo; y hasta los 1.411 euros mensuales, con dos o más descendientes. En otras palabras, que el perjuicio puede superar los 300 euros mensuales.
Ante esta situación, la presidenta de los Graduados Sociales señala que los afectados solo tienen dos opciones: armarse de paciencia y esperar, o iniciar un proceso de reclamación para acreditar ante el SEPE su verdadera situación familiar. Un proceso que, eso sí, debe iniciar cada afectado de forma individual. Desde el organismo público no respondieron ayer a este diario sobre cuándo se producirá la prometida regularización de oficio.
