Prácticamente nadie cuestiona que el impulso a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ha sido uno de los grandes aciertos en la gestión de la pandemia del covid-19, que ha permitido suavizar el impacto social que ha supuesto la paralización de la actividad para frenar la expansión del virus. Una medida que ha logrado frenar, aunque sea provisionalmente, la destrucción de miles de puestos de trabajo y que ha extendido la cobertura de la protección por desempleo a niveles desconocidos hasta ahora en nuestro país. Eso sí, la contrapartida ha sido un enorme aumento de la factura que mensualmente abona el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), lo que, unido a otros aumentos de gasto derivados de la crisis, ha llevado a que el Gobierno ya haya anunciado su intención de subir algunos impuestos, para disgusto de los empresarios y de las rentas altas.
La provincia de Alicante es un buen reflejo de lo ocurrido en todo el país. La extensión de los ERTE ha engordado la nómina de trabajadores protegidos por las ayudas del SEPE desde los 84.979 del pasado mes de febrero hasta los 218.561 con que cerró mayo, el último dato disponible. Un volumen muy superior al que se registró durante la anterior crisis económica, cuando, por ejemplo, en mayo de 2010 -el anterior peor registro para este mes- se contabilizaban solo 134.480 perceptores, según los datos que guarda UGT.
Además, al contrario de lo que sucedía en los últimos años, en los que había más personas cobrando el subsidio o la renta de inserción, en la actualidad tres de cada cuatro beneficiarios reciben la prestación contributiva, de una cuantía mucho mayor que las anteriores. En concreto, de una media de 1.099 euros frente a los aproximadamente 576 que ingresan quienes no tienen derecho a esta modalidad. El resultado de este enorme esfuerzo de protección social es que la factura que abona el SEPE en Alicante se ha disparado desde los 74,9 millones de euros del pasado febrero, a más de 211 millones en mayo, es decir, se ha triplicado. Una progresión que también se ha registrado a nivel nacional, donde el salto ha sido de 1.867 a 5.526 millones de euros.
Aunque se espera que este importe empiece a reducirse a medida que las empresas rescaten a los trabajadores que tienen en ERTE y los reincorporen a la actividad, el impacto sobre las arcas públicas seguirá siendo notable. Y más si se tiene en cuenta que a esta cifra hay que añadir las cuotas que las compañías dejan de ingresar a la Seguridad Social por los empleados que mantienen en esta situación, y que el propio ministro del ramo, José Luis Escrivá, cifró en unos 11.000 millones de euros hasta septiembre para el conjunto de España.
Subidas de impuestos
Tanto los sindicatos, como los empresarios defienden la utilidad de los ERTE ante una crisis sin precedentes. «Son imprescindibles para mantener el empleo, aunque supongan un esfuerzo muy importante por parte de la Administración. Son una herramienta indispensable, junto a la disposición de liquidez, para evitar el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo», apunta, por ejemplo, el presidente de la patronal CEV en Alicante, Perfecto Palacio. En lo que ya no están tan de acuerdo es en la forma de pagarlos.
Así, los empresarios no quieren ni oir hablar de posibles aumentos de la presión fiscal, como ya plantea el Gobierno. «Desde nuestro punto de vista el estímulo que necesitamos es incompatible con una subida de impuestos. Si nuestra carta de presentación de cara a posibles inversores es aumentar la presión fiscal, mal vamos», insiste Palacio. Justo lo contrario de lo que opinan los dirigentes sindicales. «Lo primero son las personas y hay que hacer los esfuerzos que sean necesarios para que no se repitan los errores de 2008 y no dejar a nadie atrás», señala la secretaria general de UGT en l'Alacantí y la Marina, Yaissel Sánchez, que ve «inevitable» una reforma fiscal «que posibilite un reparto más equilibrado de la riqueza». La responsable ugetista recuerda, entre otras cosas, el peso que tiene el consumo interno en la economía alicantina y española, en general, por lo que insiste en la necesidad de mantener en lo posible el poder adquisitivo de los trabajadores.
En la misma línea se expresa el secretario de Empleo de CC OO, José María Ruiz Olmos. «Lo que es inadmisible es que cuando el Estado dedica miles de millones a sostener el sistema financiero se valore positivamente, y cuando toca proteger a las personas, se cuestione. Parece que salvar lo financiero es la solución y salvar a las personas, un problema», señala Ruiz Olmos. «En España tenemos una presión fiscal que es siete puntos inferior a la media europea, es decir, hay margen de mejora», insiste el portavoz sindical.
El responsable de CC OO no es el único que recuerda esta diferencia con la media europea. «La reforma fiscal ya era necesaria antes de la pandemia, así que ahora más. Si queremos servicios públicos de calidad y un estado del bienestar que nos proteja, hay que financiarlo», coincide el catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Alicante, Ignacio Jiménez Raneda. En este sentido, más que subidas de tipos, Jiménez Raneda cree que debería actuarse sobre las numerosas deducciones que existen en el Impuesto de Sociedades o en el IRPF, que, a su juicio, son las que lastran la recaudación. El también exrector de la UA destaca, además, el «acierto» de la última prórroga firmada entre Gobierno, patronal y sindicatos, «porque incentiva que las empresas saquen a los trabajadores de los ERTE y se retome la actividad».
Reforma del paro
Por su lado, más allá del impulso que han recibido los ERTE y de sus efectos como amortiguador social en esta crisis, el profesor de Derecho del Trabajo de la UA David Montoya señala que sería necesario actualizar la regulación de las prestaciones por desempleo para adecuarlas a la nueva realidad del mercado laboral, mucho más precario y con contratos de corta duración. «Hay muchas personas que no logran reunir el año de cotización necesario para cobrar una prestación contributiva nunca. Hay que revisar el sistema», apunta el experto.
Por su parte, el presidente de la comisión de Laboral del Colegio de Economistas de Alicante, Salvador Payá, también valora positivamente las facilidades que se han dado a las empresas para acogerse a las suspensiones temporales de empleo, pero señala habría sido necesario complementarlas con más medidas para aliviar el resto de cargas que soportan las compañías, con el objetivo de mejorar sus opciones de supervivencia.
En la última semana, en la provincia de Alicante se han presentado 55 nuevos ERTE, con 494 afectados, lo que eleva el total de expedientes solicitados desde el inicio de la crisis a 25.931, con 132.106 trabajadores incluidos.
