El Síndic de Greuges pide a la Conselleria de Vivienda «celeridad» en las resoluciones que conceden las ayudas públicas para el pago de los alquileres. El órgano autonómico ha solicitado al área de la Generalitat información sobre la tramitación y los procesos que se llevan a cabo a la hora de otorgar estas subvenciones, después de haber registrado quejas de ciudadanos por demoras en las contestaciones de algunos expedientes.
En concreto, la Sindicatura ha notificado un total de veinte reclamos por retrasos en las concesiones de estas retribuciones para el pago del alquiler durante el primer semestre de 2020. En su mayoría, diecinueve, han sido referentes a ayudas y subvenciones para abonar los arrendamientos. Mientras, una de las quejas ha sido por la demora en resolver una petición relacionada con la nueva asignación pública disponible por la propagación del covid-19. Por todo ello, el Síndic ha trasladado al Consell la necesidad de tramitar estas peticiones por vía «extraordinaria y urgente» al tratarse de personas en situación vulnerable que podrían «perder su vivienda» si el dinero no llega a tiempo.
Por su parte, la Conselleria responde que para evitar esta problemática «sería necesario aumentar los recursos públicos en materia de personal y sistemas informáticos», algo que no depende del propio departamento de Vivienda, tal y como asegura el director general de Emergencia Habitacional, David Vegara.
El Síndic recibió una queja de un particular después de que esta persona solicitara en mayo la ayuda directa para el pago del alquiler relacionada con la propagación del covid-19. Al no recibir respuesta alguna, ni obtener información sobre el estado de la tramitación, puso el caso en manos del órgano autonómico. Tras iniciar una investigación al respecto, la Sindicatura ha dado con una veintena de quejas relacionadas con la tardanza en la tramitación de otras ayudas y prestaciones para el pago del alquiler. En el caso de la nueva ayuda, dado que se trata de una retribución destinada a atender las situaciones de vulnerabilidad surgidas al no poder pagar el alquiler por la pandemia, el Síndic critica que su tramitación se someta al procedimiento ordinario administrativo, en vez de gestionarla por «vía de urgencia». «En relación con esta cuestión, debemos insistir nuevamente en la idea de que la posesión de una vivienda facilita el acceso a otros derechos y constituye un importante factor de protección frente a la pobreza. De la misma manera, la pérdida de un alojamiento estable y digno se convierte, en muchas ocasiones, en la puerta de entrada a situaciones de exclusión social», argumenta el órgano consultivo frente al Consell.
«Falta de personal»
El director general de Emergencia Habitacional, David Vegara, explica que las ayudas para el pago de los alquileres llegan de un Plan Estatal de Vivienda, cuya tramitación está sometida a la Ley de Subvenciones. «Requerimos una mejora de los recursos de la administración para evitar estos problemas», añade. Vegara resalta que existe «voluntad política de cambiar un sistema informático obsoleto» pero señala que la obtención de más personal y de mejores herramientas de trabajo recae directamente sobre las consellerias de Hacienda y Justicia. «Trabajamos para intentar optimizar los servicios disponibles», culmina el director general.
