No todos los días ni en todas las ciudades se da la oportunidad de ver a dos exalcaldes que tuvieron tirón popular, y que suman más de veinte años de gestión municipal, sentados en el banquillo de los acusados bajo la sospecha de haberse dejado corromper a cambio de ayudar a hacer caja al principal contratista público del Ayuntamiento. Ayer tampoco se dio. Y eso pese a que después de una década de instrucción judicial, que se dice pronto, ha comenzado al fin el juicio por las sombras que rodean la tramitación de la última revisión del PGOU de Alicante en el que están encausados estos dos exregidores.
Pero ni Luis Díaz Alperi, al frente de la Alcaldía entre 1995 y 2008, ni Sonia Castedo, su sucesora hasta finales de 2014, pudieron ocupar en la sala de vistas el lugar destinado a los acusados. Ni tampoco ningún ciudadano mostró el más mínimo interés por presenciar ese momento de la historia de esta ciudad. Lo primero debido a las restricciones impuestas por el coronavirus, lo que les obligó a sentarse al igual que el resto de los encausados en las sillas reservadas en la antigua normalidad para el público . Y lo segundo... quizá por el tiempo transcurrido, aunque eso no reste un ápice de gravedad a los hechos que se enjuician.
Atrás quedaron aquellas manifestaciones de apoyo, con ramos de rosas incluidos, con que los afines a la exregidora la arropaban en su paseíllo hasta el edificio judicial donde iba a prestar declaración. Ayer de eso, nada. Ni excompañeros de partido, ni representantes de asociaciones vecinales, ni ciudadanos a título particular se acercaron siquiera por pura curiosidad a la plaza que comparten el Ayuntamiento y la Audiencia. A la exalcaldesa la acompañaban su marido y un par de amigos. Y Alperi llegó solo. Al igual que el empresario Enrique Ortiz. Todos provistos de mascarillas.
Un complemento obligatorio en estos tiempos de pandemia en los que la recomendación de mantener la distancia social ayer, en los accesos de la sala de vistas, se cumplió a rajatabla: los saludos entre los otrora amigos no se prodigaron más allá de la mera educación. Alperi y Castedo apenas si se dirigieron la palabra y el empresario ilicitano Ramón Salvador solo abrió la boca para quejarse de una situación que calificó de «circo». Únicamente Ortiz no defraudó haciendo gala de su don de gentes, aunque más comedido que en otras ocasiones.
Fotos e improperios en el pasillo
Pero, aún guardando las formas, la tensión por el enfrentamiento entre la Fiscalía y las defensas a raiz de la marcha atrás de las conformidades estaba ahí y en el único receso de la mañana estalló. Ocurrió después de que Francisco Ruiz Marco arremetiera en sala contra esos pactos, los tachara de contrarios a la ley y denunciara los métodos utilizados por el abogado que los negoció, el ilicitano Miguel Torres, también letrado de Salvador, con el envío de fotos y mensajes intimidatorios a su cliente, como su imagen tras unas rejas. Mientras Ruiz Marco se encontraba conversando con Ortiz en un pasillo, el fiscal Felipe Briones realizó un gesto que dio lugar a que el letrado le afeara que le hubiera ocultado que estaba pactando con su cliente, a lo que el acusador público respondió con un «vete a la mierda y ahora lo dices en la sala» que escucharon los más próximos. Y el juicio no ha hecho más que empezar.
