El Ayuntamiento de Alicante dio ayer marcha atrás y comunicó a la Autoridad Portuaria que renunciaba a pelear en los tribunales (vía de contencioso-administrativo) el mantenimiento de las condiciones del uso de la estación de autobuses tal como se acordó en 2006, y para las cuales ya no había más prórrogas. El alcalde, Luis Barcala (PP), que la semana pasada aseguró que llevaría al Puerto al Juzgado reculó, tras comprobar que la pataleta no tenía ningún apoyo legal. Renunció al contencioso-administrativo y pidió la tramitación de una autorización de seis meses para que la estación de autobuses siga operativa hoy, cuando el edificio pasa a ser propiedad del Puerto. A partir de ahora, tendrá que pedir una concesión tal como estipula la ley y adaptarse al pago de las tasas económicas que triplican las de 2016, al pasar de 70.000 a 210.000 euros al año.
Las negociaciones se han centrado en firmar una nueva autorización provisional para seis meses. En concreto, habrá una reducción provisional en torno al 50% de las tasas portuarias. Es decir, que en lugar de pagar unos 200.000 euros al Puerto al año, el coste rondará los 100.000 euros, frente a los 70.000 euros que estaba estipulado hasta ahora, aplicándose una rebaja extraordinaria por el covid-19. De cara al próximo año, el Ayuntamiento y el Puerto deberán cerrar una nueva concesión, en una negociación en la que la Generalitat Valenciana prevé interceder.
El Ayuntamiento, con Luis Barcala al frente, decidió la pasada semana llevar a los tribunales a la Autoridad Portuaria ante la imposibilidad de prorrogar el convenio de la terminal de autobuses de la ciudad de Alicante, que finaliza hoy. En el pleno de la semana pasada, el socialista Francesc Sanguino recordó que se habían agotado todas prórrogas sin que el Ayuntamiento de Alicante hubiera solicitado una nueva concesión para darle continuidad a la estación de autobuses en su emplazamiento actual. Según la legislación portuaria vigente el nuevo convenio llevaría un aumento de las tasas que podrían hasta triplicarse. Es decir, pasar de 70.000 euros a unos 210.000 euros.
La complicada situación de la estación de autobuses de Alicante, en teoría provisional mientras se construía la estación intermodal del AVE, arranca en 2006 cuando en el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, y el presidente del Puerto, Mario Flores, firmaban un convenio para la construcción de la estación que en 2016 debía a pasar a propiedad de la Autoridad Portuaria. En 2010, la alcaldesa Sonia Castedo y el presidente del Puerto, entonces Miguel Campoy, suscribían un acuerdo para realizar otras obras a cambio de ampliar el plazo a 2018. Echávarri pediría dos años más. Ahora, ya no hay más opciones de extender el actual convenio, por lo que a partir de hoy martes el Ayuntamiento ocupará el edificio provisionalmente, que pasará a ser propiedad del Puerto.
En el fondo del asunto está que cuando se firmó la construcción de la estación provisional de autobuses en el puerto se dio por hecho que en cinco años la infraestructura no tendría uso, porque habría una estación intermodal en la instalación prevista para el AVE. Catorce años después, a la intermodal ni se la espera y la estación de autobuses tienen todo los visos para ser la definitiva en Alicante.
