El gobierno municipal de Alicante entregó ayer el borrador del Plan de Inclusión Social de la ciudad a los grupos de la oposición (PSOE, Unidas Podemos, Compromís y Vox), que tendrán ahora quince días para presentar alegaciones. La entrega del borrador se produjo con motivo de la constitución de la Comisión de seguimiento del Plan de Inclusión Social, que tuvo lugar ayer, justo un mes después de que el alcalde, Luis Barcala (PP), presentase ante los medios un documento que por entonces no estaba aún terminado. Ese acto se organizó para intentar aplacar las críticas políticas y de entidades locales por la gestión de la emergencia social derivada de la pandemia de coronavirus, centradas especialmente en la concejala de Acción Social, Julia Llopis (PP), quien estuvo en esa presentación anticipada y también en el arranque de la comisión municipal de ayer. En ninguno de los dos actos pasó a la acción, y eso que la mayor parte del plan gira sobre sus competencias delegadas.
Ahora, un mes después de ese acto protagonizado por Barcala, el concejal de Coordinación de Proyectos, Toño Peral (PP), entregó ayer el documento preliminar. En la sesión, el edil anunció a los grupos de la oposición que dispondrán de un plazo de quince días para presentar sus alegaciones a un borrador que, posteriormente, se someterá a un proceso de participación ciudadana. En concreto, el Plan de Inclusión Social se remitirá a unas 150 entidades de la ciudad para que «hagan propuestas y sugerencias como parte indispensable de este proyecto, como es el proceso participativo», según apuntó ayer el concejal que coordina la redacción del plan.
La hoja de ruta del gobierno municipal pasa por que el Plan de Inclusión Social, el primero con el que contará la ciudad de Alicante y cuyos trabajos preliminares arrancaron con el tripartito al frente del Ayuntamiento de Alicante, se someta a la votación del Pleno en la sesión del mes de diciembre. O esa previsión maneja Barcala.
Seis meses más
El documento, que no será definitivo hasta dentro de unos seis meses, prevé destinar unos cien millones de euros durante este mandato a políticas sociales en Alicante. El plan, pese a que no se aprobará hasta final de año, está dotado para este 2020, según señala el bipartito, «con cerca de 25 millones de euros e incluye los siete millones de euros aprobados por el gobierno local para hacer frente a los efectos sociales derivados de la pandemia del coronavirus».
Además, ayer se supo también que el Plan de Inclusión Social recogerá las conclusiones acordadas en las distintas subcomisiones para la recuperación de Alicante, que hoy finalizan sus reuniones.
El documento que ayer se entregó a la oposición empieza a desarrollar acciones relativas a las cuatro líneas estratégicas, donde figuran medidas para promover procesos de autonomía personal y de inclusión social, centrados en aspectos como los servicios sociales, el acceso al empleo y la formación, a la vivienda y a la educación y la cultura. También se aborda la salud, los derechos cívicos, junto a iniciativas para intentar superar los desequilibrios y desigualdades entre barrios de la ciudad.
