El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha defendido esta tarde en la reunión de la junta directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una enmienda al Proyecto de Ley que regula el Ingreso Mínimo Vital (procedente del Real Decreto-Ley 20/2020) mediante la que "se reclama eliminar de la obligación de acreditación del requisito de domicilio en España y existencia de unidad de convivencia con la aportación de los interesados de certificados de empadronamiento inidividuales y colectivos expedidos por los ayuntamientos al poderlos obtener de forma tenemática el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)".
El alcalde, que ha participado en calidad de vocal en representación del Grupo Popular, pretende así evitar esta gestión que satura las oficinas municipales y que añade trámites innecesarios a los solicitantes al poder verificar la residencia la propia Admnistración del Estado. Los problemas en el Padrón del Ayuntamiento de Alicante se remontan mucho antes de la pandemia de coronavirus. De hecho, el retraso para conseguir cita previa para empadronarse en Alicante se demoraba hasta tres meses antes de que estallara la crisis sanitaria. En la actualidad, siguen los problemas para conseguir cita. Tal es así, que tras abrirse el reparto de horas esta mañana, ya no quedan huecos libres para solicitar el empadronamiento, según la página web del Ayuntamiento de Alicante.
Barcala solicita con esta enmienda la "modificación del trámite de obtención y presentación de los certificados de empadronamiento, sustituyéndolo, al igual que sucede con la información tributaria, con su obtención y verificación telemática por la propia Administración del Estado a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia (SVDR), con la sola autorización del solicitante de la prestación", según un comunicado del bipartito.
El alcalde defiende que la "obligación de solicitar este certificado origina perjudicios a las Administraciones Locales con costes innecesarios de tiempo y recursos humanos, así como al ciudadano que ha de desplazarse presencialmente para su obtención, hecho de particular relevancia en momentos en los que la atención al público presencial está restringida por motivos de seguridad sanitaria y se ha de realizar con cita previa".
"Además -señala Luis Barcala- no es la primera vez que se producen colapsos en la gestión cuando en pleno confinamiento se exigió expedir certificados de empadronamiento para otorgar moratorias a las hipotecas y ayudas al alquiler, cuando las oficinas municipales estaban cerradas al público". También recuerda el alcalde, como autor de la alegación, que esta "obligación ya se ha suprimido en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado como documento probatorio del domicilio y residencia".
Asimismo, Barcala se ha referido a la segunda enmienda al proyecto de ley presentada por el grupo popular en la FEMP para que contemple la "suficiencia de recursos transferibles a las Entidades Locales para la gestión del Ingreso Mínimo Vital". El alcalde ha señalado que la "competencia para gestionar esta prestación no contributiva corresponde al INSS y que de encomendarse su gestión o delegarse las competencias en los Ayuntamientos, no puede suponerles un mayor gasto por lo que debería ir acompañada de la correspondiente financiación para poder incorporar los medios humanos y materiales necesarios para su correcta gestión".
Acceso a la 'hucha municipal'
Barcala y el resto de miembros del Grupo Popular presentes en la reunión de la Junta de Gobierno de la FEMP han vuelto a exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se reúna con los ayuntamientos para "abordar el uso del superávit y los remanentes de tesorería municipales, es decir, de la 'hucha municipal', por las Entidades Locales para hacer frente a los gastos de la pandemia del coronavirus y la recuperación económica".
Barcala ha recriminado a Sánchez "haberse parapetado tras sus ministros para evitar dar la cara ante los representantes locales a sabiendas que les ha abandonado a su suerte". El alcalde de Alicante ha recordado que "Sánchez se comprometió a reunirse cada 15 días con los representantes locales, lo que supondría habernos reunido en cinco ocasiones, cuando solo lo hizo en una el pasado 20 de abril en la que además no se comprometió a nada, salvo a volverse a reunir que como se ve tampoco lo ha hecho".
Los ayuntamientos siguen reclamando al Gobierno un fondo de 5.000 millones de euros para hacer frente a los gastos de la covid-19 y otras ayudas directas como los 1.725 millones de euros para poder afrontar los problemas financieros del transporte urbano, que en el caso de Alicante puede acumular alrededor de 10 millones de déficit durante la declaración del estado de Alarma. Los alcaldes reclaman poder gestionar los 28.000 millones de euros que tienen los ayuntamientos y diputaciones en depósitos bancarios para hacer frente a la recuperación económica y la generación de empleo.
